Contraluz.CO Sólo Periodismo
Artículos relacionados
CÚCUTA.- Los gramaloteros, a partir del 17 de diciembre del 2010, se han “excedido en paciencia, sobrellevando la tolerancia y mostrando amabilidad hacia el Gobierno”. Esta es la percepción de los nortesantandereanos, según Camacol, en los 31 meses trascurridos a partir de la tragedia que acabó con el municipio.
El presidente de la Cámara de la Construcción Local, Ricardo Urazán Noriega, formuló la apreciación ante Carmen Arévalo, subdirectora del Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda, y presentó una sugerencia “soportada en indicaciones técnicas y juiciosas”.
El colapso de Gramalote fue resultado de una remoción en masa, producto de las lluvias extremas del fenómeno La Niña. La destrucción del pueblo no fue el resultado de un efecto sísmico o consecuencia de la falla geológica que atraviesa gran parte del departamento.
“Creemos que por razón especulativa y ausencia gerencial, se produjo alto desgaste analítico en aspectos relacionados con la actividad sísmica, lo cual no hace parte de la esencia para solucionar”, escribió Urazán Noriega.
El informe técnico de Ingeominas y otros conceptos han pasado por alto este análisis que, posiblemente, podría ofrecer un resultado práctico, económico y de alta respuesta social a los gramaloteros. Además, eliminaría aspectos jurídicos y prediales que serán un factor obligado de rechazo y descontento.
El presidente de Camacol, en la misiva, consideró urgente evaluar la posibilidad de adelantar análisis técnicos de carácter hidráulico pluvial, “encausados a eliminar el riesgo de una nueva remoción de masas”.
Propuso aprovechar el convenio suscrito con el gobierno holandés, que por la experiencia muestra liderazgo en ejercicios hidráulicos. El Ideam sería apoyo básico en lo referente al aspecto hidráulico zonal. “Hay que controlar hidráulicamente el cerro principal causante del problema”.
Llamó a pensar que la reconstrucción de Gramalote, luego de superado el inconveniente de agua subterránea, podría anular el tortuoso reasentamiento del municipio en sitio diferente, que generaría costos extremos, manteniendo riesgos de variada índole.
Urazán Noriega se quejó porque en las “reuniones informativas de los supuestos avances” para la solución del problema de Gramalote, “lamentablemente no se obtuvo la concreción esperada”. El Ministerio de Vivienda, hasta finales del 2011, “no avanzó más allá del maquillaje y gastos superfluos de variada índole”.
Los gramaloteros afectados por el derrumbe del pueblo superan los 6000 entre niños y adultos. Más de dos años y medio después de la tragedia, mantienen el estado de desprotección. Algunos han regresado al municipio; otros, viven en refugios, albergues y casas de familiares.
