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CÚCUTA.- Norte de Santander, en materia de atención a las víctimas, tiene un gran reto, porque se aplica la Ley de Víctimas en medio del conflicto armado. Esta condición especial hace que el Gobierno esté pendiente de los avances en las acciones y acompañe con programas de prevención para que los procesos de reparación sean sostenibles.
Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad de Víctimas, instaló en Cúcuta, el primero de junio, el segundo Comité Territorial de Justicia Transicional, al que asistieron el gobernador Edgar Díaz, el senador Juan Fernando Cristo, secretarios de despacho de la Gobernación y autoridades que conforman el grupo de trabajo.
El Catatumbo es una zona priorizada por la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, donde se harán intervenciones específicas y para el que se obtendrá el acompañamiento de la fuerza pública para garantizar que no haya acciones de riesgo para los campesinos que van a retornar a sus tierras.
“Norte de Santander cuenta con la Secretaría Departamental para la Atención de las Víctimas, convirtiéndolo en el departamento pionero de la conformación de la instancia institucional específica para la atención y reparación integral”, dijo Gaviria Betancur.
Destacó que el departamento mostrado un claro compromiso con las víctimas para el goce efectivo de los derechos fundamentales en atención, asistencia y reparación integral.
El gobernador Díaz Contreras dijo que “se buscó la participación de los consejeros y las asociaciones de víctimas para desarrollar unas políticas claras. La administración departamental es solo una articulación para ayudar en los lineamientos que tiene planteado la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras para Norte de Santander”.
Mediante la firma del Convenio de Intercambio de Información se adelantará un trabajo entre el Comité de Justicia Transicional, la Gobernación de Norte de Santander y el Gobierno.
El senador Juan Fernando Cristo explicó que la creación de la Unidad de Protección es fundamental en esta materia, porque las víctimas tendrán trato preferencial por parte de protección del Estado.
El Gobierno no permitirá que los despojadores de hace 20 años impidan que las víctimas de la violencia reclamen sus derechos, dijo. La restitución de tierras será gradual en el país, porque el Estado no está en capacidad de garantizar la seguridad en las regiones, y poco a poco llegará a cada una.
