CÚCUTA.- Once parlamentarios llegarán a Cúcuta, este 3 de febrero, para analizar la situación de El Catatumbo, en relación con la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en la región. La Comisión Accidental estudiará la crisis de orden público, derivada de los enfrentamientos entre el ELN y las FARC.
Mediante la Resolución 260, del 29 de enero, expedida por la Mesa Directiva del Senado de la República, se creó esta Comisión con el fin de hacerle seguimiento al Decreto 0062 del 24 de enero, en relación con la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en El Catatumbo, Área Metropolitana de Cúcuta y Río de Oro y González (Cesar), donde también se han vulnerado los derechos humanos de la población civil.
Los congresistas designados para esta labor son:
- Juan Carlos García Gómez – Coordinador, Alejandro Carlos Chacón, Juan Felipe Lemos Uribe, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Manuel Antonio Virgüez Piraquive, Edgar Jesús Díaz Contreras, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Gloria Inés Flórez Schneider, Julián Gallo Cubillos, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar y Richard Humberto Fuelantala Delgado
Desde el inicio de la emergencia, la Gobernación de Norte de Santander ha liderado acciones para mitigar los efectos del conflicto armado sobre las comunidades afectadas.
A la fecha, se han distribuido 180 toneladas de ayudas humanitarias, dirigidas principalmente a los albergues en Cúcuta, Tibú y Ocaña, y a las familias confinadas en distintas veredas del departamento que no han podido salir de sus hogares por el impacto del conflicto.
Las ayudas incluyen arroz, frijol, harina, arveja, caraota, aceite, pastas, productos de aseo, artículos para la preparación de alimentos, kits de aseo, colchonetas, pañales, toallas higiénicas, agua potable y zapatos y confecciones para las personas más necesitadas.
La Unidad Nacional para las Víctimas reportó que desde el Gobierno se han distribuido 523,78 toneladas de ayuda humanitaria.
Según el informe 0075 del 27 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han generado graves consecuencias humanitarias:
- 41 homicidios confirmados, incluidos líderes sociales y firmantes de paz.
- 48,004 personas desplazadas.
- 25,011 personas confinadas en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto.
- Flujos migratorios hacia Venezuela que han alcanzado picos de 700 personas diarias.