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Tras negar la licencia porque el proyecto hacía daño y porque la ciudadanía lo exigió, el gobierno reabre la puerta -y de paso la agranda para todas las mineras-: sencillamente cambiará los límites de las áreas que requieren protección. Una auténtica estafa.
Una historia conocida
Cuatro años no han sido suficientes para que el gobierno Santos resuelva el conflicto en torno al páramo de Santurbán y al agua de los colombianos. El caso de Santurbán es paradigmático porque marcará la pauta para los demás páramos y otros ecosistemas estratégicos vitales para Colombia.
Antecedentes nefastos anuncian el deseo del gobierno Santos (que dice una cosa y hace otra) de echar a rodar su locomotora minera en Santurbán y sus ecosistemas complementarios, sin contemplaciones para con el agua.
En 2010, el Gobierno tramitó al proyecto Angostura cuando contemplaba la explotación a cielo abierto en Santurbán, desconociendo el hecho de que se trata de un páramo. De no ser por la movilización social y el debate nacional que provocó este proyecto, la licencia se hubiese otorgado sin inconvenientes.
Pero la empresa Greystar finalmente desistió y el gobierno, “muy digno”, negó la solicitud de desistimiento así como la licencia ambiental en 2011. Y sin embargo la empresa anunció poco después que intentaría la explotación de manera subterránea, bajo el nombre de Eco Oro, con el silencio cómplice del gobierno.
¿Por qué Santos permite a las mineras seguir explorando en Santurbán (como si la exploración no hiciera también daño) si se les va a negar la licencia ambiental para la explotación? Esto confirma que si hubiera voluntad, el gobierno ya habría – por lo menos- subsanado el vacío legal de no ser necesaria la licencia ambiental para la exploración.
Más adelante, el concepto previo del Ministerio de Minas (2011) para la declaratoria como Parque Natural Regional (PNR) de Santurbán pidió excluir la cota de los 3.400 metros sobre el nivel del mar en Juridicción de California, “teniendo en cuenta que esta zona no es área prioritaria de conservación”, en beneficio de la mega minería, al mismo tiempo que el gobierno decía que “en páramos no”.
De hecho, el concepto del Instituto Humboldt para la declaratoria de Santurbán como PNR hizo notar cómo la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) había aumentado la cota de 3.000 a 3.400 msnm, apelando a recomendaciones del Ministerio de Minas, “sin los elementos de juicio basados en información biofísica que evalúen dicha variación a la luz de los objetivos de conservación propuestos”.
La nueva estrategia
Ante la imposibilidad jurídica de hacer minería en páramos, el gobierno concibió la “mejor invención” para dar vía libre a la mega minería: “redelimitar” esos páramos, “delimitando” lo que ya está delimitado.
La directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, en declaraciones a Semana en 2013 afirmó categóricamente que “Colombia sí sabe los límites de sus páramos”. Y sin embargo la anterior ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, pretendió vender a sus coterráneos la “delimitación” de Santurbán como un “sublime triunfo” – siendo esto una victoria pírrica o de un engaño, pues la delimitación de 44.000 hectáreas no garantiza la protección del agua de los santandereanos, ya que gran parte de esta unidad biogeográfica queda desprotegida y a merced de las mineras.
Solo la CDMB tiene bajo su jurisdicción más de 66.000 hectáreas, más 15.000 hectáreas del municipio de Berlín que, supuestamente, van a incluir dentro de la “delimitación”. Además se calcula que con la nueva cartografía a escala 1:100.000, el área de los páramos en Colombia aumentó en cerca de un millón de hectáreas. Las posibilidades de manipular un trazado con un área de 44.000 has en favor de las mineras son infinitas.
El Concepto Técnico 503 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) contradice al gobierno pues muestra que los páramos sí están delimitados. Este Concepto identifica, basado en la Resolución 0937 (2011), qué empresas hacen exploración en páramo y piso altoandino. Sin embargo, el gobierno siguió con su propósito de “redelimitar” el territorio.
Sin obstar el rechazo general que suscitaron las “licencias ambientales exprés”, el gobierno redujo los tiempos en la expedición y volvió al proceso oral, “sin descuidar la rigurosidad (sic)”como lo afirmó el Ministro Gabriel Vallejo, lo que es a todas luces una utopía. Este es el mejor cóctel a favor a las mineras: la “redelimitación de los páramos” unida a la “feria de las licencias ambientales.”
El Decreto 2041 (2014), que derogó el 2820 de 2010, deja abierta la posibilidad para que los proyectos que pretendan intervenir los páramos puedan solicitar un concepto previo al Ministerio del Ambiente “sobre el uso sostenible de dichos ecosistemas”. Pero es bien conocido que, por su vulnerabilidad, en los páramos no puede haber minería sostenible.
Por el agua del futuro
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos, en aras de la “coherencia”, debe ratificar el artículo 202 del PDN anterior (Ley 1450) sobre la protección de los páramos, el agua producida por ellos, que consumen el 70 por ciento de los colombianos, no puede depender de un “articulito”.
Si el gobierno quiere asegurar el agua de los colombianos tendrá que anular el “mico” de la “nueva delimitación”, que él mismo intenta meter apelando al sofisma de que la mega minería contribuirá a crear en empleo en zonas empobrecidas, cuando se sabe que la mega minería utiliza sobre todo los bienes de capital.
El artículo 202 del mencionado Plan de Desarrollo pide que los páramos sean delimitados “…con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales….”. Pero, ¿desde cuándo los estudios económicos y sociales reemplazan la delimitación de la naturaleza o a los estudios técnicos y ambientales? –Páramo es páramo-
El parágrafo 1 dice que “en los páramos no podrá haber actividades mineras de exploración ni explotación”, pero en la realidad – y con la complacencia del gobierno- las empresas siguen en el páramo, a la espera de que el mico de la “delimitación” “delimite” lo ya delimitado, en beneficio suyo.
El Decreto 2372 de 2010 estipula la protección especial que deben tener los ecosistemas estratégicos como los páramos, pues como “fábricas de agua” son irremplazables y sus beneficios ambientales para la calidad de vida son inconmensurables. Pero el Estado colombiano infringe el principio de precaución que había sido consagrado desde 1993 (Ley 99).
Lo más simplista y errado es ver los ecosistemas de páramos como una simple cota de metros sobre el nivel del mar (otra falacia que han pretendido vendernos), cuando el concepto de páramo va mucho más allá.
Personas inescrupulosas esperan la “delimitación” apostándole a que por fuera de ella puedan devastar a su antojo. Otras, del mismo talante, ven en el Embalse del Tona el argumento perfecto para convertir la cuenca del Suratá en una cloaca.
El gobierno, bajo la premisa fundamental de conservar el agua de las futuras generaciones, tiene el deber legal y moral de revocar las licencias ambientales ya concedidas (y si es del caso investigar a quienes las concedieron) y de negar las solicitudes a los proyectos que pretendan intervenir dichos ecosistemas. Hablando en plata blanca, todo proyecto de minería que esté por encima de las bocatomas de los acueductos pone en riesgo el agua de los ciudadanos.
Otro sofisma que el Gobierno intenta para sustentar sus medidas es que la minería en Santurbán data de varios siglos. Pero hay que recordar que se trataba de minería de pequeña escala, cuyo impacto no se puede comparar con el de la megaminería: esta podría devastar en 15 o 20 años lo que la minería anterior no devastó en siglos.
En cuanto al sofisma de la “minería responsable”, esta no es posible dentro de un páramo vulnerable.
Al Gore insiste en que hay zonas ecológicas estratégicas que no deben ser intervenidas. Pero el presidente Santos respondió a Al Gore diciendo que “el título que otorga un derecho para la exploración minera no concede automáticamente el derecho a la explotación”. Sin embargo, el gobierno habla de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas de las empresas mineras, cuando de las mismas palabras de Santos se infiere que aquellas invirtieron por su propia cuenta y riesgo.
Los derechos adquiridos de las mineras no deben primar sobre el derecho al agua y la vida de las futuras generaciones. Sobre esto, Al Gore fue contundente al afirmar: “ustedes santandereanos tienen un dilema con Santurbán: sacar el oro, en beneficio de unos pocos, o garantizar el agua potable para los ciudadanos. No pueden llegar al peor escenario futuro, cuando sus hijos les reprochen ¿en qué estaban pensando nuestros padres cuando permitieron aprobar proyectos mineros en Santurbán?”
Los colombianos debemos estar alertas porque, posiblemente, el gobierno pretenderá obsequiarles a las mineras la “delimitación de Santurbán” en temporada decembrina.
Santos debe ser coherente con su proceso de paz, ya que la defensa del agua es una forma de obtener una paz perdurable, y aún más cuando se vislumbra que las guerras futuras serán por el líquido vital.
Si el gobierno cristaliza su “gran invención”, “delimitando” los páramos con argumentos sesgados para congraciarse con las mineras, acabará por despojar del agua a la próxima generación de colombianos. ¿Sería esto coherente con la bandera de la paz?
Ver Artículo en: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/8104-la-estrategia-del-gobierno-para-santurb%C3%A1n-redelimitar-lo-ya-delimitado.html
Foto: corponor.gov.co
