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CÚCUTA.- La génesis del conflicto data de mediados del siglo 20. En esa época la violencia interpartidista, a finales de la década de los 40, originó cierto recelo entre las clases sociales y el surgimiento de algunos grupos guerrilleros que mantienen vigencia en el territorio nacional.
En esa dinámica de violencia, Norte de Santander no fue ajeno. Por la condición de frontera el conflicto ha sido notorio, respecto a otras regiones del país. La presencia de los grupos armados ilegales, guerrilleros, terroristas, narcotraficantes y demás aparatos criminales que se financian especialmente por el tráfico de drogas y de combustible, le ha hecho mucho daño al departamento.
Hoy, el Gobierno le apuesta al proceso de paz con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (Farc), en la Habana (Cuba). “Esperamos que sea en beneficio de las clases menos favorecidas y de todos los colombianos que pensamos que el verdadero trabajo propositivo no se hace desde las armas sino desde la discusión de las ideas, desde la trasformación del pensamiento colectivo nacional y que estas formas de lucha sean proscritas en el país”, dijo Ronald Mauricio Contreras Flórez, titular de la secretaría de atención a las víctimas del conflicto armado en Norte de Santander.
La Gobernación ha hecho esfuerzos, mediante el desarrollo de políticas que permitan atender a las víctimas derivadas de la confrontación; ha fortalecido los aparatos institucionales para que primen la seguridad, la honra y los bienes de los nortesantandereanos. El gobierno departamental está comprometido con el proceso de víctimas y trabaja de la mano de los 40 municipios.
“Esperamos que esa violencia de tantos años tenga un fin con el proceso de La Habana. Ojalá que Dios ilumine a unos y a otros y veamos, por primera vez en la historia, vivir en paz”. Colombia, en la etapa republicana, solo ha vivido en paz 47 años. El deseo es que ese tiempo se perpetúe a raíz de las conversaciones que se adelantan.
Al hablar de víctimas se habla del concepto que establece el artículo 3 de la Ley 1448:
“Se consideran víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno”.
El último reporte recibido por la Secretaría de Atención a las Víctimas da cuenta de que en Norte de Santander hay 131.000 hombres y mujeres, niños y adultos, afectados por el conflicto. “No solo las víctimas de desplazamiento sino de todos los demás hechos victimizantes. Sabemos que el número va a ir en aumento, porque en la medida que declaren, y que la Unidad (en Bogotá) acceda al registro, el número crecerá”.
Basados en la realidad financiera del departamento y de los recursos de los municipios se mirará cuál es la capacidad para atenderlas. El presupuesto es el estimado en el Plan de Desarrollo. Las secretarías de Vivienda, Gobierno, de la Mujer y Desarrollo Social, tienen recursos para atender a las víctimas. Ahí aparecen las cuantías para cada proyecto.
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La Ley era indispensable
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448) se aprobó en el 2011. El Estado tenía una obligación para con las víctimas del conflicto armado en la historia nacional. Es un documento necesario, porque solo se atendía a las víctimas de desplazamiento mediante un régimen especial. No se había hablado de los torturados y los secuestrados. Esos asuntos se manejaban como delitos comunes, ajenos al conflicto.
“La discusión debe centrarse en si el Estado colombiano estaba en capacidad de asumir los retos que impone la Ley 1448, que contempla miles de programas, derechos y proyectos. Esa materialización requiere de un músculo financiero importante para atenderlas de manera oportuna, eficiente y eficaz”, señaló Ronald Contreras.
La capacidad financiera del departamento y los 40 municipios, que tienen el grueso de las obligaciones para la atención y reparación, es poca. En Norte de Santander la mayoría de los municipios es de sexta categoría y tienen recursos limitados. La realidad financiera del departamento es precaria y para materializar los componentes que establece la ley se necesitan recursos. Sin embargo, con respaldo internacional, con la Unidad de Víctimas, con recursos propios y con apoyo de los ministerios se cumple con lo establecido por la norma.
Las víctimas del conflicto han recibido ayuda en Norte de Santander, hace años, mediante el desarrollo de la justicia transicional y dentro de las competencias de cada entidad territorial y de cada entidad que articula el sistema nacional de atención. En ese entonces era para la población desplazada, hoy cubre a todas las víctimas.
Se les ha ofrecido asistencia técnica y subsidios, con recursos y programas, a los municipios, que son los que en primera instancia tienen la obligación de atenderlas. El gobierno departamental ha hecho esfuerzos para que en la política pública de reparación integral quedaran incluidas con los recursos que muchos atienden la realidad financiera y presupuestal.
Frente a esas competencias y recursos, con acompañamiento de Planeación Nacional y de los ministerios del Interior y de Justicia, y de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, se ha capacitado a las víctimas y a la institucionalidad para la elaboración de los planes de acción para que la política de víctimas quedara en los planes de desarrollo municipales.
“En diciembre, aprobamos el plan de acción para las víctimas. A pesar de que no fue avalado por las víctimas fue construido con el concurso de ellas. Esperamos que en estos dos meses de ajustes las víctimas puedan participar de manera activa dentro de ese proceso y que nos permitan contar con ese documento indispensable para ejecutar la complementación y subsidiaridad a las que el departamento tiene competencia”, explicó Contreras Flórez.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Trabajo publicado en la edición 14 del periódico El Faro
