Contraluz.CO Sólo Periodismo
Artículos relacionados
Si ha existido un sector de clase que ha sufrido en carne propia, como ninguna otra, la miseria y el abandono que genera el capitalismo salvaje ha sido el campesinado. Desde los tiempos inmemoriales les ha tocado poner todas sus largas y agotadoras jornadas de trabajo al servicio de una pirámide humana, donde los poderosos de siempre: potentados, magnates, oligarcas, hacen derroche de riquezas y malgastan sin criterio lo producido en la base que la conforman los explotados y “los desheredados de la tierra”.
En nuestro caso son ellos los que desde los siglos XIX y XX han soportado el peso fundamental de las luchas sociales que no dieron el resultado esperado. En la guerra de Los Mil Días, centenares de campesinos acompañaron las huestes insurreccionales de los ideólogos Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, con la esperanza de lograr un cambio en la estructura política de la nación, que permitiera liberar la tierra de las manos de los terratenientes y de la Iglesia que eran los mayores latifundistas de la época. Este gigantesco esfuerzo libertario, ¡quién lo creyera!, se llevó a cabo siete años antes de la Revolución Mexicana, acaudillada por los dirigentes agraristas Emiliano Zapata y Pancho Villa, que dio como resultado el nacimiento del PRI, partido de la revolución mexicana que persiste en el poder, y 17 años antes de la emblemática y esperanzadora Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre, que con Lenin a la cabeza, construyó un nuevo Estado, el Estado Socialista, que tantos sueños de trasformación social y paz desató en el mundo.
La ‘Revolución en Marcha, del presidente Alfonso López Pumarejo, en los años 30, del siglo pasado, despertó las esperanzas de los campesinos con sus francas y justicieras leyes sobre la tenencia de la tierra e implementó la Ley 200 de tierras, primer hervor en el inicio de una reforma agraria, que con insistencia han luchado y buscado las organizaciones sociales convocadas en nuevos modelos de acción y resistencia política. Infortunadamente, las fuerzas políticas de los terratenientes “que siempre han sido mayoritarias en el Congreso de la República”, al decir de Salomón Kalmanovitz, echaron para atrás estos avances legislativos y luego, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, hundieron al país en la ola más sangrienta de la historia que se llamó ‘la violencia’. La totalidad de los asesinados sumaron más de 300.000 indefensos campesinos, desalojados de la tierra en forma violenta por los terratenientes con el fin de dar paso al proceso de la concentración de la tierra, que continúa.
Después de la traición y muerte de los guerrilleros liberales que pactaron la paz, solo un gobierno liberal manifestó preocupación por la persistencia del latifundio. Carlos Lleras Restrepo, consciente de la deuda social que el Estado tiene con los campesinos, desde los tiempos de la conquista, decidió impulsar la Reforma Agraria. Contra viento y marea, enfrentándose a las fuerzas más retrógradas de la sociedad colombiana, logró algunos avances significativos que después se vinieron abajo en la famosa reunión conocida como, “El pacto de Chicoral”, vergonzoso encuentro, donde las vertientes más conservadoras, en el gobierno de Pastrana Borrero, echaron para atrás lo conquistado.
En la actualidad el país vive un segundo paro agrario. El acumulado de tantas acciones irresponsables de los gobiernos anteriores ha terminado haciendo crisis. El abandono y el atropello histórico del campo no ha dado para más y con razones justas y valederas, los campesinos hacen uso de las herramientas de participación social que posee la Constitución Política Colombiana.
Hoy los campesinos enarbolan la bandera de mayor trascendencia para toda la sociedad y el mundo en su conjunto, luchando por la abolición de la ley de semillas, que busca como efecto de la intervención biológica de los productos, imponer los transgénicos, que es la propuesta de Monsanto. Esta ley les prohíbe a los campesinos hacer uso de las semillas que generosamente da la tierra en los mismos productos que ellos cultivan, impidiendo y penalizando su utilización. De este modo, quedan obligados a utilizar solo las semillas que venden la referida monstruosa transnacional.
Es ofensivo para la conciencia nacional que se esté impulsando esta ley de semillas que impide al productor autoabastecerse o intercambiar semillas para sus cultivos. Es muy grave porque atenta en contra de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir quedar prisioneros de los intereses de Monsanto, que tanto mal le hace a la humanidad. Ésta también es nuestra lucha y en este sentido se convierte en una bandera de toda la sociedad y del mundo entero. El gobierno debe dar marcha atrás a este despropósito de ley.
A lo anterior, hay que sumarle el drama que viven nuestros campesinos de los altiplanos colombianos, cultivadores de papa, alverja, frijol, trigo, junto con el de los cultivadores de arroz y maíz de las planicies, que es verdaderamente ofensivo. Ellos tienen que enfrentarse a los precios de los productos importados provenientes de países donde el Estado subsidia generosamente la producción agropecuaria y ha invertido amplios presupuestos para el desarrollo rural desde hace años. A esto hay que unirle la presencia ahora de unas serie de cláusulas contenidas en los TLC que irresponsablemente pone a nuestros campesinos a competir en los precios internacionales, totalmente indefensos. El gobierno nacional tiene que entender que en las peticiones de los campesinos hay más que razones suficientes de peso, que obligan al Estado actuar con verdadero sentido de nación, acogiendo muchas de esas propuestas, con responsabilidad, justicia y compromiso de patria.
Esperamos que el Presidente Santos comprenda las angustias de los campesinos y los colombianos y destine en los diálogos con los dirigentes agrarios, a lo mejor y más solidario de su equipo de gobierno. Llegó la hora de cerrar filas por la Paz, teniendo a su lado a los campesinos.
ALONSO OJEDA AWAD
Exembajador de Colombia
Director del programa Paz
Universidad Pedagógica Nacional
