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CÚCUTA.- En Cúcuta proliferan las ‘ocupaciones ilegales’ de terrenos, advirtió el personero Juan Carlos Bautista. Esas ocupaciones ilegítimas no cuentan con control por parte de las secretarías de Gobierno y Planeación del Municipio.
En los ranchos montados en los lotes tomados a la fuerza no habitan desplazados, ni damnificados, como en otros asentamientos. En esta oportunidad los ocupantes son familias de escasos recursos, que no pueden pagar arriendo.
El Personero y funcionarios de la oficina del Ministerio Público recorrieron varios sectores de la ciudad y encontraron dos nuevas ‘invasiones’.
En inmediaciones de los barrios Progreso, Antonia Santos y Sabana Verde (Comuna 8), en el anillo vial occidental, hay “un considerable número de lotes demarcados”, le escribió Bautista Gutiérrez al procurador provincial Fredy Martínez para alertarlo de esta anomalía.
Los ranchos construidos son de madera, lona verde y techo de cinc, materiales que no garantizan la seguridad de los ocupantes ni los protegen de los aguaceros que comienzan a caer sobre la capital de Norte de Santander.
La proliferación de este tipo de viviendas perjudica el proyecto vial que ejecuta la concesionaria San Simón.
Otra de las ocupaciones irregulares está en cercanías al barrio Camilo Daza (Comuna 7). Los habitantes la bautizaron ‘Brisas de la Ermita’ y está compuesta por 300 lotes debidamente parcelados.
Las obras iniciales comprenden la apertura de vías, situación que dificulta el desalojo. Los residentes “se proclamarán detentadoras del derecho de posición”, advirtió el personero Bautista.
MÁS PROBLEMAS
Además del problema de las ocupaciones ilegales, en la ciudad se da otro inconveniente. Esta vez con algunas constructoras legales por “apropiación del espacio público”, conformado por vías, parques, andenes, entre otros componentes.
En el ilícito incurren empresas cucuteñas reconocidas “lo cual no deja de generar indignación y preocupación ante este despacho”, indicó el personero Juan Carlos Bautista
Denunció que “estas actuaciones se desarrollan con la aquiescencia de las autoridades municipales”. En septiembre, la Personería y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi iniciaron el proceso de identificación técnica de los previos ocupados por las constructoras para adelantar las actuaciones necesarias y recuperar los espacios tomados a la fuerza.
El Ministerio Público comisionó a un funcionario para que adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, y solicitó a la Procuraduría Provincial unirse al trabajo para iniciar “las actuaciones urgentes y necesarias” para enfrentar este problema que “solo genera beneficios económicos para unos cuantos” y no soluciona el verdadero problema social que sufre la ciudad.
