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Generan preocupación las voces frecuentes que piden la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para superar dificultades, lo que pondría en grave riesgo los significativos avances que en materia social y de participación ciudadana logró la emblemática y comprometida Constitución Política de 1991.
Y para mayor complejidad encontramos sectores políticos disimiles exigiendo la convocatoria. Estos sectores comienzan desde los terrenos de la insurgencia colombiana expresados en los esperanzadores diálogos de paz de La Habana, continuándose en forma activa en los radicales del Centro Democrático Uribista y ahora, cerrando en forma preocupante con la posición del exalcalde Gustavo Petro, quien sin medir consecuencias ha planteado conversaciones con Uribe y las Farc para sacar adelante una riesgosa convocatoria a la Constituyente.
Si algo ganamos políticamente importante los colombianos en el siglo XX fue la construcción de una carta de navegación política como nunca la habíamos logrado. Confluyeron varios aspectos importantes para ese valioso esfuerzo. En primer lugar, la sociedad colombiana, hastiada de la violencia, hizo significativos trabajos y aportes por lograr los urgentes espacios de convivencia y respeto político. La firma de los acuerdos de paz con el M-19 presionó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que contó con el expresidente César Gaviria como uno de los más firmes adherentes, con el respaldo político de los partidos Liberal y Conservador y con la fuerza y el entusiasmo que generó la Séptima Papeleta.
En segundo lugar, las bancadas congresionales aceptaron la disolución del Congreso y los partidos y movimientos políticos fueron a las urnas para elegir representantes a la Asamblea. Logrado este punto e instalada solemnemente se nombró un histórico triunvirato para que ejerciera la Presidencia de manera conjunta. Quizás este es uno de los mayores logros de madurez política de la nación, cuando depositó en las manos de Horacio Serpa Uribe, por el Partido Liberal; Antonio Navarro Wolf, por el M-19, y Álvaro Gómez Hurtado, por el Partido Conservador, la conducción suprema de lo que iba a ser el nuevo ordenamiento jurídico de la nación colombiana.
En esta forma fue construida la Constitución de 1991, la que nos rige en la actualidad y a ella debemos los significativos avances en la construcción de un ambiente más democrático e igualitario, que se vive en estos momentos a lo largo y ancho de la nación. El Preámbulo de la Constitución define a Colombia como Estado Social de Derecho y este es el desafío para los demócratas, el hacerlo un realidad palpable y tangible.
No se pueden poner en riesgo bajo ninguna circunstancia logros de tanta significación para el presente y el futuro de nuestra nación como el del artículo 22 referente en forma taxativa a la paz, cuando dice textualmente: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”: (Art.22, Constitución Política de Colombia).
Ni mucho menos los referidos a la tutela y a la amplia gama de derechos y de mecanismos de participación popular, en los que radican la esencia y la esperanza real de una verdadera democracia, amplia y participativa. Así como el concepto de equidad, de dar a cada cual de acuerdo con la necesidad y exigir de acuerdo con la posibilidad. Que si bien no ha sido implementado en toda la dimensión sí ha abierto posibilidades y está a disposición de que sectores progresistas accedan al poder y desde allí desplieguen la potencialidad que tiene nuestra Carta Magna.
Se deben sopesar las condiciones políticas actuales, las que en contraste con el ambiente político de 1991 se caracteriza por una marcada tendencia hacia la derecha política, tal como fue registrado en las pasadas elecciones parlamentarias. De allí que elaborar, en las condiciones actuales, una nueva Constitución Política llevará la marca del momento lo que implicará grandes retrocesos en aspectos democráticos, sociales y políticos logrados mediante de la Constitución que nos rige, la Carta Magna del 91.
Como enseña el refranero popular: “El palo no está para cucharas”. Aterricemos en nuestra realidad, salvemos nuestra Constitución, patrimonio invaluable, que nos permite trabajar por el fortalecimiento y consolidación de la democracia, dentro de un Estado Social de Derecho, participativo y equitativo.
ALONSO OJEDA AWAD
Exembajador de Colombia
Director programa de paz. Universidad Pedagógica Nacional.
