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CÚCUTA.
Este 29 de julio, concluye la etapa de alojamiento temporal en hoteles para víctimas del desplazamiento forzado y en proceso de atención humanitaria inmediata. El anuncio lo hizo la secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto. La ayuda correspondía al componente de alojamiento temporal y transición en la ruta de atención humanitaria.
La decisión se adoptó en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, que asigna al municipio receptor la responsabilidad de brindar atención humanitaria inmediata (art. 63) y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la responsabilidad de la continuidad en el apoyo humanitario durante el año siguiente (art. 64), una vez las personas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Mediante el trabajo articulado con la UARIV se identificó que la mayoría de la población está incluida en el RUV. Por tanto, la UARIV ha procedido con la asignación de los giros humanitarios que garantizan la continuidad de la atención como lo establece la ley.
La administración municipal aclaró que no se trata de desalojo arbitrario, sino del cierre de la fase de emergencia asumida temporalmente por el municipio ante la magnitud del desplazamiento ocurrido. Desde el inicio de la crisis, el gobierno cucuteño hizo un esfuerzo presupuestal y logístico para brindar atención inmediata a cientos de familias, garantizándoles techo, alimentación, apoyo sicosocial y acompañamiento institucional.
Las 70 personas que se encuentran en proceso de valoración, que han rendido declaración recientemente y no cuentan con el estado definido ante el RUV, serán trasladadas al albergue temporal Alojarte, habilitado para continuar la atención en condiciones dignas.
En las últimas semanas se han desarrollado espacios de socialización en los hoteles, con presencia de la UARIV, la secretaría de Víctimas y organismos de cooperación internacional. El fin es explicar de manera clara y respetuosa los alcances de la transición y los pasos que debe seguir cada familia.
La Alcaldía de Cúcuta reafirmó el compromiso con la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Hizo un llamado a la comprensión, la solidaridad ciudadana y al respeto por los acuerdos institucionales que permiten la atención integral, ordenada y sostenible.
