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CÚCUTA.- Se empiezan a sentir las voces de protestas desde el gremio de taxistas por la llegada de Uber a Cúcuta, pero ¿dónde está el centro del problema? A mi modo de ver no se puede únicamente reducir a lo que se ha llamado ‘competencia desleal’, sino a lo que realmente debe preocuparnos y por supuesto comprometer a las autoridades y gobernantes, que es el acceso de derechos (usuarios, taxistas, conductores y propietarios de vehículos de trasporte publico individual), equidad y oportunidades para todos.
¿Qué es lo que deben hacer las autoridades, en relación con el trasporte individual de pasajeros? El Estado colombiano y las autoridades deben regular esta actividad, porque le interesa ‘supuestamente’ que se preste este servicio en condiciones de seguridad, comodidad, y de manera controlada, y así se logra:
1.- Evitar que cualquiera use un carro particular para trasportar pasajeros, lo que implica una situación de riesgo para unos y otros.
2.- Se evita que haya proliferación de vehículos en las calles, que se traduce en tráfico y deterioro de vías, por lo que existen los cupos.
3.- Se evita que se cobren tarifas abusivas, porque esto no depende de la oferta y la demanda, sino de tarifas preestablecidas.
¿Qué es Uber y por qué su funcionamiento implica una competencia desleal?
Es una plataforma virtual que sirve de intermediario entre quienes quieren trasportarse y quienes pueden trasportarlos. Lo que hacen es llevar un registro de unos y otros, verificar que las condiciones del vehículo y de quien lo maneja estén en óptimas condiciones, monitorea el recorrido del vehículo y permite que unos y otros se califiquen mutuamente. Si hay repetidas malas calificaciones son expulsados de la plataforma de servicio. El pago del servicio se descuenta de la tarjeta de crédito del usuario, las tarifas son mucho más altas que en el tradicional trasporte público, por esta intermediación, y por este monitoreo Uber cobra el 20 % del pago del servicio prestado. No podemos negar que esta tecnología aporta en términos de seguridad y comodidad.
¿Uber resuelve o complica la situación del trasporte individual de pasajeros?
Nadie niega que este servicio pueda reflejar mayor seguridad y comodidad a los usuarios, pero acá las implicaciones y realidades negativas:
1.- ¿Por qué este servicio de trasporte de pasajeros individual no se regula y controla de la misma manera que a los taxis por medio de los cupos que son costosos para los taxis? No tienen que pagar cupos.
2.- Al no tener la obligación de los cupos, por supuesto que hay una desventaja comparativa enorme. No tienen que hacer una inversión que puede oscilar entre $ 40 millones y $ 100 millones, que es el valor que puede llegar a tener un cupo de taxi en Colombia.
- ¿Por qué un servicio público (como el trasporte de pasajeros) se desarrolla como una práctica de discriminación y exclusión, es decir solo los que tienen dinero, medios y posibilidades pueden gozar de un trasporte cómodo y seguro? ¿Dónde quedan las obligaciones del Estado y los propósitos al regular y reglamentar esta actividad?
- ¿Se reproduce un modelo injusto y de condiciones laborables lamentables también en Uber? Aunque sea costoso y exclusivo, puede existir la misma situación de explotación laboral para quienes trabajan como conductores de estos vehículos y no son propietarios.
¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Cuáles son los problemas de fondo para taxistas y usuarios? No existe un debido control sobre quiénes son los que prestan el servicio, porque ni siquiera existe contratación de los que manejan los taxis. De manera paradójica y absurda el tema de los cupos que es para controlar el número de vehículos se maneja permitiendo al antojo de tal cual político que se aprueben cupos o se amplíen o den cupos para municipios que no los requieren, y que estos se puedan vender entre particulares y como son limitados, hacen que el valor aumente y lleve a valores entre $ 35 millones y $ 100 millones. Y tampoco se controla el cobro de tarifas de manera efectiva, porque no solo muchas veces se niega el servicio, sino que cobran lo que quieran según horario, sector, etcétera.
Es decir pese a las regulaciones para controlar aspectos como la seguridad, la comodidad y el control, que no funcionan lo que hay que hacer no es atacar una plataforma que brinda soluciones más efectivas en ciertos aspectos, sino cambiar, trasformar e implementar el actual manejo y regulación de este trasporte, que a todas luces falla.
Lo realmente grave es la situación de los taxistas, conductores y usuarios.
Los taxistas o conductores, en la mayoría de los casos cumplen horarios extenuantes de trabajo de 12 y 16 horas o más, cumplen en promedio 96 horas de trabajo a la semana, cuando la jornada máxima laboral para los colombianos es de 48 horas; no cuentan con salud y pensión y si lo hacen deben cubrirla del ‘producido’, y no gozan de permisos, es decir, si tienen que ir al médico o al odontólogo o se enferman, simplemente ese día no ganan, si quieren tener unas merecidas vacaciones de 15 días al año, pues esos días tampoco ganan, entre muchos otras vulneraciones.
Su pago o ingreso funciona de lo que produzcan. De las carreras diarias deben entregar en promedio, y según las horas que tengan el vehículo, $ 50.000 o más al dueño del vehículo, porque en la gran mayoría de los casos no tienen la propiedad, mucho menos el cupo. Y esta tarifa es tan alta precisamente por el valor de vehículo y cupo y los dueños argumentan deben recuperar su inversión.
Pero, además, deben los taxistas asumir el valor del combustible, algunos descuentos diarios por si el vehículo sufre daños, asumir el costo de lavadas, pinchadas y algunas varadas, entre otras. Así las cosas, los taxistas terminan en unas condiciones lamentables, en una explotación laboral, y sin las mínimas garantías prestando un servicio público que implica en las actuales condiciones que haya días que a pesar del trabajo en una jornada tan larga y en un trabajo de alto riesgo, solo les queden $ 5000 diarios.
Para los usuarios. Hay que aclarar que hay una diferenciación de clases o de posición económica, que en mi opinión no debe llevarse a la prestación de un servicio público. Explico, quien tiene dinero puede pagar o invertir en su comodidad a la hora de trasportarse comprando un carro, alquilando o pagando tarifas costosas por mayores beneficios y comodidades. Acá debemos pensar que hablamos de regular un trasporte de servicio público, y se debe pensar para garantizar seguridad, comodidad y ser controlado para el beneficio de todos y no de unos pocos.
Un condimento más… y si se justifica Uber para quienes pueden pagar, ¿por qué entonces no se justifican ‘los piratas’ para quienes no pueden hacerlo? Porque también serían particulares, sin cupo prestando servicio, y ellos también brindan seguridad y comodidad para algunos sectores poblacionales. No se pueden analizar los problemas sociales, solo desde un sector poblacional, como tampoco se pueden analizar los problemas económicos, pensando en favorecer a una minoría privilegiada.
Entonces ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la solución? Hay que buscar los espacios de estudio, análisis, discusión y decisión con quienes tienen, deben o quieren opinar, autoridades, dueños de vehículos, conductores y usuarios, y buscar fórmulas sensatas que ayuden a enfrentar los problemas sociales y económicos, pero que sobre todo garanticen acceso a derechos, equidad y oportunidades para todos.
Con la mejor intensión me arriesgo a proponer la siguiente fórmula:
1.- Programas para facilitar la adquisición de vehículos (que en condiciones óptimas) presten el servicio por parte de quienes los manejen. Tendrían todas las posibilidades de cumplir con el pago, es decir de un promedio de lo que hoy es el actual producido mensual $ 1,3 millones pueden pagar el vehículo. Posibles resultados: se combate la informalidad, mejora la calidad de vida y oportunidades para taxistas y conductores, y los usuarios tendrían una mayor oferta, comodidad y calidad por las condiciones de los vehículos.
2.- Plataformas como la de Uber u otras deberían ser estatales, para controlar quiénes prestan, usan y son propietarios del vehículo, garantizar seguridad en los recorridos y acceso, controlar los valores y los pagos. Posibles resultados: se combate la criminalidad, se brindan condiciones de seguridad y se reducen situaciones de riesgo.
- Sobre el nivel de ingresos que podría recibir el Estado por la administración de esta plataforma y ojalá la reducción de la criminalidad que tiene un alto costo social y económico, se pueden respaldar y garantizar los préstamos y pagos de vehículos. Mediante el régimen subsidiado garantizar salud y pensión para estos trabajadores.
4.- Adelantar estudios serios sobre oferta y demanda, para definir los cupos vehiculares para el trasporte de pasajeros individual en las ciudades, y así como la regulación de tarifas, se deben fijar el precio y el valor de los cupos para evitar un mercado abusivo.
5.- De esta manera, se generan empleos directos e indirectos, e ingresos para la nación o las entidades territoriales como administradores de plataforma, seguros, funcionamiento de créditos, etcétera. Lo que hará que nuestras ciudades y sus habitantes no solo mejoren sus condiciones de vida de manera progresiva, sino que las finanzas públicas también aumenten para atender otros aspectos claves como el arreglo de las vías y el trasporte público masivo de pasajeros.
Bueno este modesto artículo de opinión y reflexión no es otra cosa que una acción de participación ciudadana, para buscar salidas y soluciones a problemas que nos afectan a todos, y nos deberían preocupar a todos.
Ahora el reto es exigir derechos, hacer incidencia política y elegir bien, para que leyes y las políticas públicas vayan dirigidas a proporcionarnos un buen vivir y para quienes legislan y gobiernan exigir que busquen y promuevan soluciones reales, efectivas y sensatas y no en favorecer intereses particulares, privados y extranjeros.
Teniendo en cuenta las experiencias de diálogo social que promoví, en el 2015, como candidata a la Gobernación de Norte de Santander, escuché al gremio de taxistas y a los conductores piratas, e hice una amplia convocatoria a las empresas de taxis. Considero que debemos exigir una mesa de diálogo con una amplia y plural participación, para analizar y revisar este asunto, y exigirles a las autoridades de Tránsito que las propuestas sean escuchadas, respetadas y acogidas.
En Colombia, al parecer, habría más de 480.000 vehículos taxis oficialmente registrados y 800.000 conductores de taxi, más los piratas que pueden ser el doble, los cuales no solo deben contar como votos cuando llegan las elecciones, sino como una fuerza social y económica que pese en este país y con toda la posibilidad de presionar soluciones.
Las protestas sociales, las acciones de hecho y los paros que pueden proponerse por parte de los gremios afectados y que son válidos para exigir derechos y atención por parte del Estado y autoridades, tienen altos costos, porque si en un día sin carro como en un paro de trasporte se puede llegar a reducir el comercio en más del 50 por ciento, se pierden en promedio $ 2000 millones en venta de combustibles, la productividad cae el 40 por ciento y cerca de $ 50.000 millones pierde el sistema productivo y financiero, se cancela el 62 por ciento de la citas programadas, entre muchos más impactos.
Las autoridades deberían buscar salidas concertadas y destinar estos dineros para la búsqueda e implementación de soluciones. El diálogo es la ruta. La participación ciudadana y la política la mejor alternativa de solución. De esta manera los sectores sociales y populares debemos construir poder popular, para que nuestras propuestas sean escuchas, tenidas en cuenta y respetadas.
JUDITH MALDONADO MOJICA
Abogada defensora de derechos humanos
Corporación construyendo Poder, Democracia y Paz
Foto: www.contraluzcucuta.co
