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El exmagistrado Francisco Ricaurte, en la cárcel La Picota, con la identificación en el pecho y el vestido a rayas de los delincuentes, marca la máxima degradación a que ha llegado la justicia en Colombia, Y faltan los otros extogados, acusados de delitos contra la justicia y contra la patria, por ser procesados, condenados y llevados a la cárcel, por sus imperdonables vagabunderías.
No tiene ninguna justificación que estos hombres viejos, porque no son ningunos adolescentes, con barbas y pelos en el pecho, con los sueldos más altos de la burocracia colombiana, hayan caído en los delitos a que han caído por la ambición del sucio dinero, mal ganado, después de tantos honores y distinciones que la patria y el sufrido pueblo les ha otorgado.
Tres exmagistrados a cual más corruptos y otro que no quiere renunciar, no obstante habérselo pedido sus compañeros de magistratura, por sus delitos y los de su legítima hija, extorsionista, quién lo creyera, según lo informa la prensa nacional, pero piensa el pueblo que paga cumplidamente los impuestos y tributos que la nación exige, que si el magistrado no se retira, el presidente ‘Juampa’, que todo lo puede, debe declararlo insubsistente para que no continúe corrompiendo a este alto organismo de la justicia.
Nunca en la vida jurídica de la nación se había llegado a este grado de corrupción, ni en el gobierno de facto del general Gustavo Rojas Pinilla. Al contrario, cuando se tomó el poder y destituyó al presidente Laureano Gómez encontró que la Corte Suprema de Justicia estaba desprestigiada y acusada de corrupción, la disolvió y nombró una Corte de lujo, con conocidos y eminentes juristas.
Pero el país no puede continuar sin una honesta Corte Suprema de Justicia que vele porque en el país se aplique pronta y cumplida justicia. Se hace necesario que el presidente de la república convoque a todas las facultades de derecho para que acuerden los términos indispensables para ponerle freno a esta oleada de profunda corrupción que azota a la justicia colombiana.
Indiscutiblemente, grave es el grado de corrupción a que ha llegado la justicia en Colombia, nacional, departamental y municipal, en las cortes, los tribunales y los juzgados, y se hace indispensable que la autoridad nacional intervenga para buscarle y aplicarle la solución que necesita. Entre nosotros, en el Tribunal Superior de Cúcuta dos magistrados están presos por sinvergüenzas y vagabundos, sin saber si faltan más. En el Tribunal de Meta varios magistrados están presos por la misma causa, la ambición desmedida, por el dinero mal habido, no obstante los crecidos sueldos que devengan.
Esperamos que más temprano que tarde se encuentren las soluciones que la gravedad de la situación demanda y se les dé aplicación antes de que el derrumbe de la justicia sea vergonzosamente total e irreparable.
PABLO EMILIO RAMÍREZ
percal27@hotmail.com
