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Si bien, el ELN y el EPL históricamente han coexistido en la subregión, la posibilidad de expandirse a finales del 2017 hacia los territorios que pertenecían a las FARC una vez firmado el Acuerdo de Paz, condujo a que estos dos grupos ilegales declararan un enfrentamiento abierto, dejando de lado un pacto de no agresión que se había acordado en 2015.
Todo inicia a finales del 2017 cuando el EPL, incumpliendo el pacto de convivencia, desató uno de los primeros enfrentamientos en Teorama contra el ELN, descendiendo desde el alto Catatumbo hacia el resto del departamento (Alerta Temprana 014-19 Teorama).
Es así que el EPL a través del Frente Libardo Mora Toro dio inicio, por un lado, a una consolidación territorial en su núcleo histórico: Hacarí, zona rural de Ábrego y La Playa; por otro lado, una expansión a los demás municipios del Catatumbo, especialmente, hacia El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama, Convención y Tibú, municipios de control del extinto Frente 33 de las FARC-EP, con el objetivo de controlar las principales rutas de transporte de insumos para el procesamiento de la pasta de coca y clorhidrato de cocaína y la salida del país por el estado de Zulia.
Mientras tanto, el ELN consigue un fortalecimiento militar en todos los municipios de la región del Catatumbo, con el apoyo del grupo armado PostFarc (GAPF) Frente 33, liderado por Jhon Catatumbo, asegurando el control territorial de Sardinata y Tibú, los dos municipios de principal dominio de la extinta FARC-EP y donde actualmente se concentran, además de El Tarra, los cultivos de coca del departamento (con 5.487, 16.096 y 4.916 hectáreas de coca, respectivamente), siendo 3 de los 10 municipios con mayor presencia de cultivos de coca a nivel nacional (UNODC, 2018). En este sentido, el municipio fronterizo de Tibú representa “la joya de la corona” en el marco de esta disputa en el Catatumbo.
El acuerdo de cooperación entre el ELN y el GAPF liderado por alias Jhon Catatumbo limitó la expansión del EPL a estos municipios. Para 2018, la guerra del Catatumbo se expandió al área metropolitana. Más tarde el EPL consiguió también en 2018 una alianza militar con el Clan del Golfo (en cooperación las bandas La Línea y La Frontera) para la disputa con el ELN en el área metropolitana de Cúcuta, a través de la que se recrudece la disputa violenta entre las dos estructuras (Ariel y Vargas, 2019). Ambas alianzas se evidencian en dos aspectos. En primer lugar, en el escalamiento de la violencia contra la población civil, la cual desde inicios del 2018 a la actualidad ha protagonizado los hechos de violencia desplegados por estos grupos en disputa, siendo los homicidios y el desplazamiento forzado los principales hechos victimizantes que tienen lugar en el territorio, además del reclutamiento forzado, el cual a pesar de un subregistro alertado por las autoridades lleva un registro de 19 Niños, niñas y adolescentes vinculados a EAI entre 2017 y 2019 (Registro Único de Víctimas, 2019).
Las cifras de expulsión en el año 2018 se concentran en Teorama, San Calixto y Hacarí, municipios que limitan con Tibú, donde se alcanzan niveles alarmantes: 5.903 en Teorama, 7345 en San Calixto y las 9.714 en Hacarí, y que tienden al incremento durante el año 2019 (OCHA, 2019). En lo que respecta a la tasa de homicidios, la violencia generada por estos grupos se refleja en los municipios de frontera que hacen parte del Catatumbo: Teorama, Convención y Tibú, los cuales tienen un incremento del 76%, 64% y 32%, respectivamente, en las tasas de homicidios entre 2017 y 2018.
En segundo lugar, estas alianzas criminales se evidencian en los acuerdos alrededor del manejo de las rentas ilegales que controla cada EAI. Por un lado, fuentes en territorio aseguran que una vez retirado el grupo guerrillero FARC-EP de sus zonas de presencia en Catatumbo, se concretó un pacto entre la extinta guerrilla y el GAPF Frente Juan Fernando Porras Martínez, del Bloque de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para la entrega de la ruta que conecta del Municipio El Tarra hasta el estado El Zulia de Venezuela, y el listado de las personas y empresas que son obligadas a pagar impuestos en los territorios que se encontraban bajo su control, a cambio de proteger a los combatientes en proceso de reincorporación.
Por su lado, el EPL, además de la cooperación con el Clan del Golfo en Catatumbo, ha acordado con Los Rastrojos, especialmente en zona de frontera en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Ragonvalia, la división de los cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, arroceros, “pimpineros”, división del cobro de pasos fronterizos, manejo no conflictivo de las rutas para la salida de narcóticos, a cambio de facilitar a Los Rastrojos el ingreso paulatino de estos al Catatumbo, por Tibú (Alerta Temprana 037-19 –Puerto Santander). Esta alianza es posible luego del fortalecimiento de Los Rastrojos en la frontera, tras ganar la disputa territorial entre 2015 y 2018, contra el Clan del Golfo o las AGC, con la que alcanzó la consolidación de su poder criminal en buena parte de la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander (Alerta Temprana 037-19 -Puerto Santander).
Esta zona del área metropolitana de Cúcuta constituye el segundo escenario de disputa donde, además de la guerra librada entre dichos grupos armados organizados, se configura un nuevo enfrentamiento entre el ELN y el EPL, quienes se disputan el control de la movilidad y cobro de los pasos irregulares de Cúcuta y Puerto Santander, desde el 2018 (Alerta Temprana 037-19 -Puerto Santander), en el marco del avance que el EPL ha tenido en este territorio tras las alianzas pactadas con Los Rastrojos en 2017. El epicentro de esta confrontación ha sido el municipio de Puerto Santander, el cual desde entonces presenta un incremento del 195% en la tasa de homicidio entre 2017 y 2018, y en 2019 reporta una tasa de 73,22.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento del uso de artefactos explosivos en el marco de esta disputa, teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores: 2015- 2018 durante el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y Los Rastrojos.
La disputa de estas EAI en esta zona de frontera se concentra alrededor de los pasos fronterizos que comunican con Venezuela, pues el cierre del paso legal entre Venezuela y Colombia, ocasionado por la ruptura de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de ambos países, incrementó el flujo migratorio por los canales o trochas ilegales existentes y se generaron lugares de paso nuevos, con lo que a su vez aumentó la renta de los cobros extorsivos y otras actividades ilegales por las que se disputan estos actores ilegales (Ávila y Vargas, 2019).
A la fecha se han registrado más de doce enfrentamientos con armas de fuego en puntos de tránsito estratégicos, como puentes y caminos, y una serie de asesinatos selectivos en la zona fronteriza de Cúcuta que presumiblemente se le atribuyen a esta organización. Pese a los casos de homicidios registrados y sus declaraciones, se desconoce su autoría en otros asesinatos que han ocurrido en la región (Human Rights Wathc, 2019).
