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Para la gente que vive en zonas de conflicto y violencia armada, 2014 fue un año para resistir. Fue un año en que muchos pusieron a prueba quién durará más tiempo: si el viejo conflicto de 50 años, que parece estar cerca de acabarse mediante los diálogos de paz, o las comunidades que sufren y buscan formas de salir adelante.
Por miedo, desconfianza en las instituciones, o amenazas a ellas y sus familias, las víctimas de violencia sexual prefieren no hablar. El resultado: las cifras oficiales no representan la dimensión real del problema. Mientras, los casos registrados por el CICR en 2014 fueron más atroces y perpetrados con mayor agresividad que en años anteriores.
La violencia sexual continuó siendo causa de desplazamiento. Cuando no pueden desplazarse, las víctimas se ven obligadas a seguir viviendo cerca de sus perpetradores, a veces en el mismo barrio. A menudo, cuando deciden buscar ayuda, son discriminadas y reciben una atención precaria por el personal encargado.
A pesar de que no es necesario denunciar para recibir asistencia médica, en numerosas ocasiones las víctimas de violencia sexual que acuden a centros de salud se ven obligadas a cumplir con este supuesto requisito. La gran mayoría de víctimas son mujeres, pero también hay hombres. Para ellos, hablar de su caso no es siquiera una opción.
La desaparición de personas ha alcanzado niveles descomunales en Colombia. A diciembre de 2014, el Estado había registrado 100.000 casos, un aumento de 12 % en tan solo un año. De estas personas, casi 73.000 continúan desaparecidas.
Este problema impacta no solo al desaparecido, quien además de ser privado de libertad suele ser víctima de otros delitos como tortura, homicidio y desaparición de sus restos. También toca a los allegados, que sufren la angustia de no saber qué pasó con sus seres queridos.
Entre 2013 y 2014, el CICR llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de las familias en siete lugares afectados por el problema de la desaparición: Bogotá, Buenaventura, Medellín, Villavicencio, Pasto, Puerto Asís y San José del Guaviare. En total, 235 familiares, miembros de redes de víctimas y funcionarios expresaron sus puntos de vista sobre las necesidades que genera la ausencia de sus seres queridos, los problemas que han encontrado en su búsqueda y los recursos que han desarrollado o encontrado para salir adelante.
El derecho a saber. Los hallazgos son reveladores. El factor común es la necesidad de saber qué pasó y dónde están, sumado al impacto de la falta de sensibilidad y apoyo de la sociedad hacia los familiares. La desaparición de un familiar suele venir acompañada de estragos en la salud física y mental.
La desaparición genera necesidades económicas que impactan principalmente a las mujeres cuando quien desaparece es el hombre al ser, en la mayoría de los casos, el principal proveedor del hogar, como ocurrió en el 80 por ciento de los casos. También la búsqueda conlleva grandes egresos económicos.
Los familiares sienten la necesidad de protección y de seguridad, porque el conflicto armado y las amenazas continúan y, con ellos, el riesgo de desaparición de otros miembros de la familia o de otros abusos, como reclutamiento de niños o violencia sexual como represalia por hablar. A su vez, les cuesta confiar en el Estado.
Basado en estos resultados, el CICR hace un llamado a las instituciones estatales y a la sociedad para ayudar a aliviar el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Tomar conciencia de esta realidad es el primer paso.
Muchas comunidades tienen que suspender su vida cotidiana y perder sus fuentes de ingreso debido a la presencia de artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra y minas antipersonal en sus terrenos.
Aunque los dispositivos no exploten ni generen heridos o muertos, la sola presencia impide que los niños asistan a la escuela o que los campesinos saquen a pastar el ganado. En 2014, mucho más que en años anteriores, el CICR conoció historias de este tipo en varias regiones.
Al CICR le preocupa el aumento de las consecuencias de la contaminación por armas en zonas urbanas, resultado de enfrentamientos, ataques y hostigamientos. Entre estas consecuencias están los daños en bienes civiles, las limitaciones de movimiento y la disminución de los ingresos. En suma, se ponen en peligro la salud, el agua, la educación y la seguridad económica y alimentaria de la población.
Si bien los registros de heridos o muertos por contaminación por armas se han reducido recientemente, esto no significa que el problema y los efectos hayan desaparecido.
Preocupa el drama oculto de quienes, en zonas urbanas y rurales, sufren el uso indiscriminado de diversos tipos de armas, incluidas las cortas y ligeras, dada su alta disponibilidad. El abandono de armas y municiones y su manejo por inexpertos también afectan a las comunidades.
Desplazamientos individuales, un drama silencioso. El sufrimiento de los desplazados individuales fue un motivo de preocupación en 2014. Aunque no aparecieran en las noticias, miles de personas huyeron solas de la violencia, a menudo hacia municipios sin capacidad de apoyarlos. A veces, pasaron hasta tres meses sin recibir ayuda.
Otra de las preocupaciones del CICR respecto del desplazamiento fue la persistencia de casos masivos, es decir, de más de 50 personas. La organización humanitaria atendió 20 de estas emergencias, dos más que en 2013. La mayoría de casos quedaron a cargo de las autoridades encargadas de la atención y reparación a las víctimas de la violencia.
El factor común en todos ellos: la situación de vulnerabilidad en la que quedaron sumergidas las comunidades. Incluso cuando los desplazamientos fueron temporales y la población pudo regresar a su territorio en cuestión de semanas o meses, los daños económicos y sociales son difíciles de reparar.
Entre las múltiples formas de violencia que afronta la población en zonas rurales y urbanas del país, los atentados contra la vida y las amenazas son particularmente graves, por tratarse de un derecho humano fundamental. Durante 2014, el CICR documentó 56 muertes de civiles y otros protegidos por el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). A su vez, conoció 655 casos de amenazados, a las que brindó asistencia.
También asistió a 3000 heridos o enfermos. Estos datos demuestran que, en Colombia, sigue siendo común que los civiles no solo queden en medio de los combates –en los que a menudo no se toman las precauciones para evitar que salgan heridos o muertos–. También ocurre con frecuencia que sean víctimas de persecución directa por las partes en conflicto y otros grupos armados, lo que conlleva amenazas contra la vida y –en muchos casos– la muerte.
Casi siempre invisibilizadas, las mujeres sufren de manera particular las consecuencias del conflicto y la violencia armada. Su valentía para seguir adelante las vuelve, en muchas ocasiones, blanco de amenazas, violencia sexual, desplazamiento y muerte.
Más de la tercera parte de los casos de presuntas infracciones al DIH y otras normas básicas documentadas por el CICR en 2014 tuvieron como víctimas a mujeres (322 de 875 casos).
La violencia sexual las afecta especialmente y la continua amenaza que sufren por parte de los autores de esos terribles hechos les impide buscar ayuda. Sea como “guardadoras de secretos” o “campaneras” –entre otros papeles – las jóvenes son utilizadas por los grupos armados. Si no cumplen con lo exigido, el castigo es ejemplar: va desde desnudarlas en el espacio público a atarlas durante días a árboles con hormigas.
La falta de acceso a información que afecta sistemáticamente a las mujeres las vuelve más vulnerables, pues desconocen sus derechos y la asistencia a la que pueden acceder.
Cuando a causa del conflicto o la violencia armada sus esposos mueren, desaparecen o las abandonan, ellas deben sacar adelante a sus familias casi siempre sin apoyo alguno. Como líderes de sus comunidades, a veces son estigmatizadas, amenazadas y, en ocasiones, obligadas a desplazarse.
Foto: www.labor-spiez.ch
