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CÚCUTA.- Los delitos contra los derechos humanos permanecen bajo el manto de la impunidad, en Norte de Santander y el Área Metropolitana de Cúcuta. La persistencia de los asesinatos, las desapariciones forzadas y el trato discriminatorio hace que la situación de los derechos civiles sea precaria y trágica.
La reflexión corresponde al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos humanos, capítulo Norte de Santander. En el país no se hace efectiva una vida digna, ni se garantiza el acceso igual a la justicia, afirmaron los voceros de la colectividad con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
“No menos preocupante es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales”, señalaron en la declaración publicada este 10 de diciembre, en el encuentro regional organizado en la capital del departamento.
Centenares de víctimas del conflicto participaron en la actividad, que Gobernación, la Alcaldía y las organizaciones PNDU, Todos por un Nuevo País y Sintraproan.
Los defensores de los derechos humanos elogiaron el reconocimiento de la dignidad humana sin distingos sociales, raciales, ideológicos, religiosos, de género ni de edad. Al tiempo, destacaron que a pesar de las proclamaciones solemnes “existe un abismo entre las promesas y la realidad”.
Recordaron que muchos colombianos sobreviven en la pobreza extrema y en la miseria, sin garantías para su dignidad. Entre tanto, “un sector minoritario usufructúa la opulencia y la riqueza”, y agota los recursos naturales a un ritmo frenético de consumo, “sin responsabilidad solidaria con las presentes y futuras generaciones”.
En el encuentro, también, se divulgó la ‘Estrategia para el fomento de una cultura de los derechos humanos, legalidad y convivencia’. El documento señala que los niños, los adolescentes y los jóvenes representan el 51 por ciento de la población de Norte de Santander. “Lo cual evidencia que el departamento está viviendo un momento de bono demográfico”.
La paradoja está en que “constituyen uno de los grupos poblacionales con mayores niveles de afectación por el conflicto armado interno”. Entre 2010 y 2013, representaban el 43 por ciento del total de las víctimas del conflicto en esta región del país. “Son reclutados por grupos al margen de la ley para que desarrollen acciones ilegales como extorsión, sicariato y narcotráfico”.
La estrategia propuesta por la Gobernación busca, en materia de derechos humanos, que actores institucionales y sociales regionales y municipales garanticen el efectivo goce de los derechos y prevengan el reclutamiento forzado de niños, adolescentes y jóvenes.
Y en cuanto a la legalidad, propende porque las instituciones del Estado sean un referente para la ciudadanía, y generen confianza en la aplicación efectiva de la ley y que estén al servicio de la comunidad.
La población joven desarrolla iniciativas que contribuyen a la solución pacífica de conflictos y a la construcción de una convivencia social. Las organizaciones de jóvenes cuentan con recursos no convencionales, que pueden generar impacto en la reducción de la violencia y la pobreza, la generación de confianza y el afianzamiento de la paz duradera.
“Con el compromiso de todos los actores y el cumplimiento de la estrategia contribuimos a la acumulación de capital social y humano requerida para que Norte de Santander sea un territorio de paz”, concluye el documento.
Foto: www.contraluzcucuta.co
