Jamás pensamos los colombianos que con la llegada al país, proveniente de Estados Unidos, de la empresa minera Drummond los problemas ambientales generados por la extracción desordenada y a raja tabla del carbón nos iban a convertir las feraces y verdes praderas del Cesar y Magdalena en negras zonas de desierto, contaminando las aguas cristalinas de nuestros ríos y dejando a su paso centenares de enfermos que, obligados por las condiciones, tienen que respirar ese polvillo infernal que se atasca en los pulmones y origina enfermedades malignas como el temible cáncer pulmonar.
Tampoco alcanzamos a pensar que con el tiempo las lindas playas de Santa Marta, con la bahía más hermosa de América, se iban a convertir, por efecto del mal embarque del carbón en barcazas, en un mar oscuro, polucionado por los restos del mineral que se ha esparcido a lo largo y ancho de las costas de Ciénaga y Santa Marta.
Porque recordamos la llegada de la Drummond, cuando nos pintaba pajaritos en el aire haciéndole creer al país que no se presentaría ningún problema en la explotación y exportación carbonífera. Que vendrían ríos de leche para las comunidades del Cesar y Magdalena. Que las condiciones de vida para los moradores de esas regiones serían inmejorables y miren en lo que eso ha terminado. Una verdadera tragedia social de proporciones catastróficas, de la cual no se conoce la verdadera dimensión.
Y aquí es cuando el lobo – la Drummond – se quita su piel de oveja y decide mostrar sus feroces colmillos. Perjudica la salud de los habitantes de estas zonas y poco hace en la reparación de los inmensos daños a las comunidades. Evade descaradamente las leyes ambientales y tributarias que le demandan cumplir en forma decente con sus obligaciones ecológicas y fiscales. Pero de los casos más graves es el que tiene que ver con el asesinato, en forma alevosa, de tres directivos del sindicato, hecho causado por los paramilitares, confabulados con el administrador de sus cafeterías, tal como lo cita Salomón Kalmanovitz, ex Codirector del Banco de la República.
Lo más aberrante de todo esto es, como denuncia el analista en la columna de El Espectador (13 de febrero): “La administración Uribe le regaló a la gran minería unas condiciones generosas que le permiten deducir el pago de regalías del impuesto a la renta. La regalía es una fracción de la renta minera que va a las regiones, pero que terminamos asumiendo todos los contribuyentes: entre 2005 y 2010 la exención nos costó $ 600.000 millones, según la Contraloría General de la Nación. En países serios, la mayor parte de la renta del recurso no renovable es capturada por sus gobiernos con regalías varias veces el monto nacional. La DIAN quiso cambiar la ley el año pasado, pero los intereses superiores de las empresas extranjeras lo impidieron”.
Esto quiere decir que la soberanía de Colombia ha estado en entredicho porque han primado los intereses extranjeros sobre la urgente necesidad de actualizar nuestra leyes para hacerlas más obligantes, frente a la defensa de los sagrados recursos nacionales.
Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenido, Luz Helena Sarmiento, en reportaje concedido a Yamid Amat, la Drummond ha sido desafiante y mentirosa. “Fue desafiante con el accidente del año pasado, cuando dijeron mentiras, y fueron desafiantes al seguir cargando carbón ilegalmente”. El Tiempo (12 de enero).
El contrato sobre el yacimiento de La Loma termina en 2019, pero, según informaciones, la Drummond está tratando de que el Estado colombiano lo prolongue hasta el 2044.
Es hora de que los colombianos recuperemos nuestra maltrecha soberanía sobre unos recursos carboníferos que se han ido menguando y que en vez de dejarnos buenas cosas, la realidad es bien diferente, porque lo que tenemos son zonas convertidas en eriales, montañas de desechos de carbón, las aguas de nuestros ríos y mares polucionadas y el deterioro ambiental por todas partes. Es decir, ‘va a resultar más costosa la cura que la enfermedad’.
Con estos elementos ha llegado la hora de asumir, por parte del presidente Juan Manuel Santos, con la seriedad histórica que demandan los desafiantes hechos, la nacionalización de la Drummond.
ALONSO OJEDA AWAD
Director programa Paz UPN
Ex embajador de Colombia