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CÚCUTA.- Los responsables de las oficinas de Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) de los municipios y de los Servicios de Información y Atención al Usuario (SIAU) de las ESE recibieron capacitación sobre las recomendaciones para garantizar acceso y calidad de los servicios.
El Instituto Departamental de Salud socializó la Ruta Departamental de Atención a población víctima del conflicto, elaborada por las entidades que conforman el Comité de Justicia Transicional.
De acuerdo con la normatividad vigente se buscó unificar criterios que permitan reducir barreras para prestación de servicios de salud o asistencia psicosocial.
Delegados de la Defensoría del Pueblo, regional Norte de Santander, confirmaron la necesidad de ofrecer garantías de derechos y atención diferencial.
Silvia Moros y Marx Nocua, asesores de la Unidad Territorial de Atención a Víctimas del Conflicto, presentaron los lineamientos para la atención a la población, establecidos por la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En la actividad se socializó el Programa de Protección Diferencial de Niños, Niñas y Jóvenes ‘Mis Derechos Primero’, que ha permitido beneficiar población vulnerable en Cúcuta, Ocaña y San Calixto, y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a víctimas del conflicto armado (Papsivi) que se cumple con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Ministerio de Salud y Protección Social.
Javier Prieto, director del Instituto Departamental de Salud, destacó la importancia de socializar este tipo de procesos. “Para lograr que las instituciones del Estado atiendan oportunamente a las víctimas del conflicto se debe hablar en un mismo idioma, concertando estrategias que agilicen los trámites y humanicen la atención, así podremos identificar claramente las barreras de acceso y establecer soluciones conjuntas”.
