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CÚCUTA.- A pesar de las múltiples denuncias que hemos realizado con respecto a la generalizada práctica de la extorsión, por parte de bandas criminales que se autodenominan Rastrojos y Urabeños, estos continúan actuando de manera descarada e impune en Cúcuta.
Esos grupos no solo extorsionan a comerciantes formales e informales, a trasportadores grandes y pequeños, a contrabandistas de todo tipo, a narcotraficantes y vendedores de minutos, sino que ahora se han ensañado contra los presidentes de juntas de acción comunal, quienes son obligados a pagar cuotas mensuales de hasta un millón de pesos so pena de tener que abandonar la ciudad o poner en riesgo la vida y la integridad de la familia.
Esta nueva modalidad extorsiva la efectúa, principalmente, mediante exigencias directas. Hombres armados llegan en moto o vehículos hasta las residencias o sitios de trabajo, exigen el pago mensual para “ayudar a financiar” los supuestos grupos al margen de la ley, y ofrecen como contraprestación la seguridad en los barrios y la ejecución de las mal llamadas operaciones de ‘limpieza social’.
La anterior situación es de total conocimiento de las autoridades locales, regionales y nacionales, que poco o nada hacen para detener esta oleada de amenazas e intimidaciones, que han desencadenado la renuncia de líderes a los cargos directivos y el desplazamiento intraurbano de otros, objeto de las extorsiones, además de la zozobra, la preocupación y el temor del sector comunal.
En lo trascurrido de este año, la fundación ha conocido alrededor de 40 casos de extorsión ocurridos en diferentes barrios de Cúcuta y acompaña en la solicitud de medidas de prevención y protección a cerca de una docena de dirigentes comunales, los cuales, a pesar de contar con medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección hace algunos meses, esta dependencia no cumple con los apoyos ofrecidos.
La deuda de verdad, justicia y reparación que tienen la justicia regional y el Estado colombiano con la familia comunal se acrecienta, pues se sabe que las investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía Seccional de más de un centenar de líderes de la sociedad civil asesinados en Cúcuta durante los últimos 13 años, de los cuales cerca de 60 eran presidentes de juntas de acción comunal, se encuentran en la impunidad. Así como el estado de parálisis de más de 50 denuncias por amenazas, en los dos últimos años.
No se puede olvidar que unos y otros son responsables de garantizar no solo el ejercicio legítimo a la acción comunal, sino también de la protección de la vida e integridad de cada uno de los dirigentes comunales amenazados.
WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO
Director fundación Progresar Norte de Santander
