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La región de El Catatumbo, históricamente, ha sufrido las consecuencias del abandono histórico del Estado, situación que se agrava ante la falta de la garantía de acceso a derechos, lo cual ha generado una serie de problemas de distinto orden que siguen sin solución. Como ingrediente, está la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos que han hecho caso omiso a sus obligaciones y demás responsabilidades con la comunidad campesina.
Frente a ello, y a pesar de la existencia de grandes avances en la construcción de escenarios de interlocución y la puesta en conocimiento de las demandas y las necesidades de las comunidades, y logrados al calor de la lucha social, se evidencia un claro incumplimiento a los acuerdos pactados.
Esto se refleja en la crítica situación humanitaria, relacionada con el evidente incumplimiento del acuerdo de paz firmado con las Farc-EP en su integralidad y también por la terminación de la mesa de diálogos con el Eln, acción que de plano está en manos del Gobierno en el deber de velar por la construcción de la paz.
Como es de público conocimiento, la guerra entre Eln y Epl, desde el 2018, los paros armados declarados por ambas organizaciones en febrero y la progresiva militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública, se han traducido en agresiones permanentes contra la población civil con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Entre estos, desplazamientos forzados y confinamiento de comunidades campesinas, amenazas, secuestros, constreñimientos y asesinatos de líderes sociales, ex guerrilleros de las Farc – EP y amenazas generales a las organizaciones campesinas y de acción comunal que se han convertido en una situación constante en la región en los últimos dos años.
Las restricciones a la movilidad han generado el empobrecimiento progresivo del campesinado, que sigue acumulando deudas y está en constante victimización.
Desde el 5 de febrero, se han registrado varias situaciones que evidencian la grave crisis humanitaria. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a 21 de febrero más de 20.000 personas se encontraron en El Catatumbo con restricciones de movilidad y acceso a la salud. Al menos 11.700 niños y adolescentes estaban sin acceso a educación. Además, 489 personas se reportaron desplazadas ante las alcaldías.
La Asopersoneros del Catatumbo reportó que 675 toneladas de productos agrícolas se perdieron. En 2018, los combates registrados por esta confrontación provocaron el desplazamiento masivo de 14.902 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo, ubicándose esta región en el primer lugar del país en desplazamientos ese año. Así mismo, se registraron 33 comunidades en situación de confinamiento.
En 2019, estas tensiones se materializaron en el desplazamiento masivo de 2874 personas. Al menos 14 muertos y 69 heridos han resultado por incidentes con MAP y MUSE, desde 2018, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el periodo de 2015 a 2019, se incrementó en 77 % la tasa de homicidios en la región. Tibú presentó una tasa de homicidios de 244 por 100.000 habitantes, en 2019. Esto, a pesar del incremento progresivo del pie de fuerza en la región. La gravedad de esta situación está recogida en los siete informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo vigentes en la región.
Actualmente, los procesos sociales y de acción comunal que confluyen en la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo enfrentan amenazas directas de actores armados que impiden el normal desarrollo del trabajo organizativo en el territorio.
La respuesta estatal a esta realidad se ha limitado al aumento de pie de fuerza, lo que en la práctica solo ha significado el crecimiento de los niveles de riesgo para las comunidades campesinas y sus liderazgos. Como muestra, se tiene que en lo corrido del año han sido asesinados tres líderes sociales en la región.
Desde 2018, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado el homicidio de 14 defensores de El Catatumbo, la mayoría comunales y miembros de asociaciones campesinas. Muchos defensores han tenido que salir del territorio para preservar la vida y los que permanecen han reducido significativamente la labor de defensa de las comunidades, quedando estas en mayor vulnerabilidad.
En este escenario que demuestra el peligro para la comunidad y para las organizaciones sociales, cabe hacer una serie de cuestionamientos que la comunidad quiere que sean resueltos. Existen fallas e incumplimientos reiterados desde los paros agrarios desarrollados en los últimos años. Por ello preguntamos:
1.- ¿Qué paso con los acuerdos sociales de la mesa de interlocución y cuerdo MIA -Catatumbo?
2.- ¿Qué paso con los acuerdos de la mesa social y comunitaria?
3.- ¿Por qué no se ha cumplido la sentencia T – 052/17?
4.- ¿Por qué José Emilio Archila no permite la participación de las organizaciones sociales en la construcción de la hoja de ruta del PDET?
5.- ¿Cuáles son las intenciones de incumplirles a las 3000 familias que firmaron el acuerdo de sustitución de cultivos de coca en Tibú y Sardinata?
6.- ¿Dónde está la Reforma Rural Integral?
7.- ¿Dónde está la expansión de la democracia?
8.- ¿Dónde quedaron los derechos de las víctimas del conflicto?
9.- ¿Dónde está el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito?
10.- ¿Acaso no hay planes para volver a la erradicación forzada y el uso del glifosato siendo este cancerígeno según concepto de Naciones Unidas?
11.- ¿Dónde está el fin del conflicto armado?
12.- ¿Dónde están las garantías de seguridad para los excombatientes y los líderes sociales?
13.- ¿Dónde está la participación política de las víctimas?
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo
