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La polémica generada por el posible aumento del IVA en la controvertida reforma tributaria presentada por el Gobierno, en las bebidas azucaradas lleva un trasfondo social que no debe ser ignorado. Al margen de lo injusto que es gravar con mayor impuesto a los colombianos cuando observamos que esto no redunda en beneficio del pueblo, es preocupante la elevada ingestión de azúcar que se ha constituido en problema de salud pública.
Escuchar a ciertos locutores abogar por la defensa del consumo de gaseosas y otras bebidas con alto contenido de calorías no deja de ser preocupante por cuanto no cumplen con el papel de informar científicamente. Aducir solo el aspecto económico para defender que la clase pobre debe consumir este tipo de líquidos, es tener un fundamento poco serio para tratar de solucionar un problema que va convirtiéndose en pandemia: la obesidad.
Colombia no está ajena de esta tendencia. Los últimos índices señalan que más del 50 % de la población tiene sobrepeso. Negar que el azúcar es nocivo para la salud es continuar engañando a los consumidores. Y el informe de octubre, en el que se conoció que las dos grandes empresas mundiales de gaseosas pagaban a las asociaciones científicas, durante los últimos 5 años, para que ayudaran a ocultar su vinculación con la obesidad y otras enfermedades es más que diciente.
Precisamente, hoy, esas bebidas ofrecen productos sin azúcar. Cuando dos grandes monstruos de la industria de la gaseosa han tomado esta determinación es porque la sustentación científica es solida. Infortunadamente, el consumo de gaseosas y otros productos altos en azúcar es una alternativa para acompañar las comidas, lo que va en detrimento del consumo de jugos naturales.
Los costos marcan la diferencia. Una gaseosa, aproximadamente por $ 1500 es mucho menor que uno de rica fruta que está por los $ 3000 o $ 4500. ¿Por qué razón? Sencillamente los cultivos son más costosos, y los intermediarios hacen encarecer la fruta hasta el consumidor final. Lo anterior convierte en artículo de lujo las frutas, especialmente para los estratos 1 y 2.
¿Cómo podría subsanarse este abismo nutricional? Creo que estableciendo una política agraria más flexible con el sector campesino dedicado a estos cultivos, mediante subsidios, créditos blandos y otras alternativas que los economistas conocen. El gobierno está iniciando los programas para que los ciudadanos tomen conciencia de una buena alimentación y en este aspecto hay que enaltecer el plan de alimentación escolar al incluir una fruta. Es un buen inicio. Desde niños debe tomarse el hábito.
Otra medida, desde mayo, es el anuncio de no comercializar bebidas azucaradas en colegios de primaria. Los rectores deben hacer cumplir esta disposición gubernamental.
Son medidas parciales que complementan la Ley de la Obesidad (1355 de 2009), que a la fecha no ha sido reglamentada. Pero, lo más importante es que todos asumamos el compromiso de disminuir el consumo de azúcar. Especialmente aquellos que tengan padres y familiares con diabetes e incluir en la vida las frutas, y el ejercicio.
En la parte educativa, el Gobierno definió una ruta en la que plantea varias acciones como: a partir de enero del 2017 ningún establecimiento educativo de primaria les venda gaseosa a los niños. Remplazar con agua, frutas y volver a la lonchera en la que el pequeño traiga jugo. Las bebidas deberán traer etiquetas con información veraz de las consecuencias del alto consumo de azúcar (a partir de junio 2017), menor publicidad de estos productos en las franjas infantiles de televisión, y fomentar hábitos saludables.
Es primordial que todos asumamos con seriedad estos convenios. El primer paso está dado cuando el Ministerio de Salud logró firmarlos con esas empresas. Queda por parte de los padres de familia, rectores y el individuo hacerlos cumplir.
ISBELIA GAMBOA
Foto: carochin.com
