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EL ZULIA – Norte de Santander.- Las comunidades urbana y rural de El Zulia sufren de pánico colectivo y se cocina un conflicto social impredecible por los procesos distorsionados de restitución de tierras, que se llevan a cabo desde el 2012, de acuerdo con la microfocalización.
Ante esta situación, el Comité pro defensa de legítimos propietarios del valle del río Zulia solicitó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, intervenir en la Unidad Regional de Restitución de Tierras.
La Asamblea de Norte de Santander y el Concejo de El Zulia adelantaron debates con la presencia de los funcionarios de la Unidad Regional de Restitución de Tierras, Incoder, Defensoría del Pueblo y secretarías del Interior y de Desarrollo Económico departamental.
Los afectados son los parceleros adjudicatarios de predios de la Reforma Agraria y terceros, comparadores de buena fe, de Unidades Agrícolas Familiares, que tramitaron las transacciones previo autorización del Incoder.
Los perjudicados denunciaron una serie de anomalías y de injusticias que causarán impacto socioeconómico en la población campesina, que sufre por lo que motiva el paro agrario nacional. No les compran a precios establecidos las cosechas del arroz y la caña de azúcar que sufre los vaivenes de las relaciones binacionales.
Motivos de inconformidad de los afectados por la Ley de Restitución de Tierras:
1.- Dificultades de parceleros de la reforma agraria
Que se pretende desconocer los títulos registrados que los campesinos poseen por las compras de las parcelas al Incoder (Incora) y que explotan hace más 20 años. Ahora, el Estado (Unidad de Restitución de Tierras) los quiere obligar a contratar abogados para la defensa. La Defensoría del Pueblo no reconoce su vulnerabilidad para asumir la defensa.
2.- Despojos a terceros compradores de buena fe
Que campesinos, terceros de buena fe, compraron Unidades Agrícolas Familiares previa autorización de venta del Incoder y ahora, mediante mentiras y artimañas, pretenden aparecer como ‘víctimas’ de despojos y que vendieron bajo presión de grupos al margen de la ley para recuperar los predios.
3.- Transcañas, predio que siempre ha sido del Estado
Que en el predio Transcañas (vereda Astilleros) que siempre ha sido propiedad del Estado, Incora, mediante comodato, fue entregado a la Universidad Francisco de Paula Santander para prácticas agropecuarias y fue abandonado por la presión de grupos al margen de la ley para ser invadido. La propiedad fue trasferida al municipio de El Zulia, actual poseedor. Hoy, se benefician más de 240 familias campesinas que construyeron viviendas con sacrificio y la esperanza de recibir el título. Increíblemente, la Unidad de Tierras promueve ante el juez la entrega del predio a una supuesta primera invasora para crear un problema social y económico para el municipio.
4.- Inseguridad jurídica desvaloriza la tierra y ahuyenta el desarrollo agro industrial
Los procesos que avanzan en la Unidad de Restitución de Tierras pueden afectar a 320 familias campesinas que perderían parcelas y viviendas. Pero, además, el Valle del río Zulia (Cúcuta-El Zulia) que cuenta con las mejores tierras agropecuarias del Oriente Colombiano, con el distrito de riego del río Zulia y otros minidistritos, jalonan un valioso desarrollo generador de empleo rural.
