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CÚCUTA.- Un juzgado civil de Cúcuta emitió, esta semana, la quinta sentencia sobre restitución de tierras en Norte de Santander. El fallo favoreció a una mujer que durante el proceso de solicitud presentado ante la Unidad de Restitución de Tierras buscaba que se le adjudicara el predio en el que habitó con su compañero sentimental, hasta el 15 de agosto de 1999. Ese día, su marido y su hermano fueron asesinados por paramilitares. La mujer huyó con los tres hijos menores para salvaguardar la vida.
Cada vez más la implementación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras da mejores y más efectivos resultados para quienes fueron despojados de sus tierras a causa de la violencia.
La mujer, convertida de repente por causa de la violencia en cabeza de hogar, buscó salir adelante en otra zona del país. La falta de recursos y la necesidad de brindar condiciones mínimas para los hijos la llevaron a retornar al hogar, en una vereda de Tibú. Ahí, desafió la violencia que desde el tiempo de la tragedia se vivía con mayor medida en esa zona de El Catatumbo.
El tiempo y la violencia del peor tipo pasaron, pero la zozobra por la falta de documentos que la acreditaran como legítima propietaria del predio de 36 hectáreas y 7251 metros cuadrados aumentó, porque nunca existió unión marital de hecho que la vinculara directamente con el terreno.
El 23 de mayo del 2012, la mujer se animó a presentarse en la Unidad de Restitución de Tierras para iniciar el proceso que hoy ordena que se formalice su condición de propietaria.
Entre las consideraciones tenidas en cuenta por el juez estuvo la condición que como compañera sentimental del propietario asesinado en 1999 tenía la mujer. Esta condición se encuentra respaldada en el hecho de que para la fecha del desplazamiento la pareja tenía tres hijos.
El nuevo fallo abre las garantías contempladas en la Ley 1448, en relación con los núcleos familiares y las compañeras sentimentales de propietarios, poseedores y ocupantes víctimas de la violencia y que hayan perdido predios por esta razón.
La sentencia emitida es la cuarta en Norte de Santander correspondiente a Tibú. El municipio ostenta el mayor número de solicitudes tomadas por la Unidad en el departamento (1111, de las cuales 369 corresponden a zonas microfocalizadas).
El juez ordenó, principalmente:
1.- Declarar la existencia de unión marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial, entre la mujer beneficiada y su compañero sentimental, la que se declara disuelta desde el 15 de agosto de 1999, como consecuencia del fallecimiento violento de éste último.
2.- Adjudicar a la solicitante el 50 % del predio.
3.- Adjudicar a los hijos de la unión marital de hecho, en partes iguales, los derechos sobre el 50 % del predio como herederos, y nombrar representante de ellos a su señora madre.
4.- Inscribir por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la presente sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, cancelando todo antecedente registral posterior al abandono forzado.
5.- Exonerar a la solicitante del pago del impuesto predial del predio en cuestión debido hasta a la fecha.
6.- Que el Fondo para las Mujeres Rurales (Fommur), debido a la capacidad económica actual de la solicitante, y como consecuencia de su calidad de desplazada, efectúe un estudio para que le otorgue un crédito o un incentivo y le preste asistencia técnica y comercial que requiere para cultivar en el predio rural.
7.- Que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordine con las autoridades policivas y del Ejército, así como las demás que sean competentes, las acciones necesarias para garantizarle a la solicitante y a su núcleo familiar las condiciones de seguridad requeridas.
Hasta el momento se han restituido 106 hectáreas en Norte de Santander y se espera que en los próximos días sean emitidos más fallos que devuelvan la tierra a las víctimas.
