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CÚCUTA.- Una semana después de que un juez en Norte de Santander emitiera la primera sentencia de restitución de tierras por hechos ejecutados por una Bacrim, un magistrado produjo la primera sentencia en el caso que involucra a un opositor, productor de palma africana, en esta zona del país.
La sentencia beneficia a una familia de campesinos en Tibú. En el 2003, al ver la oportunidad de salir adelante en una tierra óptima para el cultivo de yuca, maíz y pasto para ganado adquirió el predio de 43 hectáreas y 2813 metros cuadrados por $ 12 millones. Comenzó a trabajar con la esperanza de cumplir los sueños.
Un año más tarde, la violencia que caminaba a pasos agigantados por esa zona llegó hasta la vereda. La familia fue retenida por un grupo paramilitar, acusándola de colaboradora de la guerrilla. Tras horas de incertidumbre y terror, los campesinos quedaron en libertad. El miedo hizo que se desplazaran a Valledupar. Vendieron a prisa 28 reces, 40 gallinas y 8 cerdos. El dinero les sirvió instalarse en un lugar desconocido.
Al poco tiempo, el jefe del hogar recibió una llamada. “No sé quién le dio información de mí”. Una persona le ofreció compra por la finca. Ante la necesidad de sostenerse en la ciudad, y en vista de la situación, decidió aceptar la oferta y vender la posesión a un precio mucho menor del que en otras circunstancias valdría.
“Considero que el valor del bien, para la fecha en que se hizo ese negocio, era de unos $ 25 millones. Me ofrecieron menos de $ 7,0 millones”, explicó el campesino, hoy cobijado con la sentencia que le devuelve la tierra.
En manos de otros, el predio pasó con el tiempo a convertirse en un vasto terreno destinado a la producción de palma africana. Otros, durante la fase jurídica del proceso de restitución, presentaron oposición a la solicitud de la familia desplazada. Hoy, un magistrado rechazó los argumentos y tuvo en cuenta la calidad de víctimas de quienes una vez huyeron del lugar por correr peligro.
El fallo de la sentencia que ordena la restitución material del predio es el primero de su tipo en Norte de Santander, por haber contado con opositor. La decisión judicial contempla como medida para garantizar la sostenibilidad del proceso de restitución y en beneficio del núcleo familiar una serie de mandatos, entre los que se encuentran:
1.- Abstenerse de reconocer compensaciones a los opositores.
2.- Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta el registro de la sentencia que reconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor de los solicitantes.
3.- Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la individualización e identificación del predio, actualizando sus registros cartográficos y alfanuméricos.
4.- Las autoridades militares y de policía deberán velar por la seguridad de los propietarios y mantener las condiciones de seguridad en inmediaciones al predio.
5.- Las autoridades de El Zulia deberán exonerar el pago de la cartera morosa de los restituidos en materia de impuesto predial, tasas o contribuciones.
6.- Las entidades que participen en la adjudicación de los terrenos no podrán exigir dinero por los trámites que se necesiten para hacer realidad la entrega.
7.- La URT deberá establecer un programa especial que permita la aplicación de los beneficios de la restitución: créditos, adjudicación de vivienda rural, educación, capacitación, recreación y planes y programas de reforestación. Además, deberá coordinar con las autoridades departamentales o municipales, por medio del Ministerio de Agricultura, la puesta en marcha de proyectos productivos que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los propietarios.
En la sentencia queda claro que el predio restituido no podrá ser trasferido a otra persona durante los próximos dos años, salvo que se trate de un acuerdo entre el propietario y el Estado.
La sentencia es la cuarta en total proferida por la justicia en Norte de Santander. Hasta el momento se han entregado 99 hectáreas y 8813 metros cuadrados de tierra en el departamento, cifra que se espera aumente a medida que crece la recolección de solicitudes y la presentación de demandas a las autoridades correspondientes.
