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CÚCUTA.- Las decisiones jurídicas, de no permitir el desalojo de los ocupantes de hecho de terrenos privados en Cúcuta, llevó al planteamiento de crear un frente que impida nuevas tomas por parte de familias carentes de vivienda.
En los últimos días, tres diligencias de desalojo no pudieron cumplirse en la ciudad por determinaciones de jueces, que mediante respaldo a acciones de tutela solicitaron el aplazamiento de las órdenes emanadas por el gobierno cucuteño.
Las ocupaciones ilegales de terrenos frente a la Penitenciaría de Cúcuta, el Minuto de Dios y el anillo vial fueron frenadas por decisión de los despachos judiciales.
“Teniendo en cuenta que debo respetar las decisiones tomadas por los jueces en las tutelas, me he visto en la necesidad de suspender el desalojo de tres grandes invasiones, las que afectan el derecho fundamental de la propiedad”, dijo el alcalde Donamaris Ramírez.
Propietarios de terrenos ocupados dialogaron con el Alcalde para concertar la estrategia común, que apunta a crear un frente contra las ‘invasiones’ de terrenos. A la cita acudieron representantes de la Corporación Minuto de Dios, proyecto Progreso Inversiones San José y Sodeba.
En la reunión coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos con el Estado para que se respete el derecho a la propiedad. “El principio de propiedad se debe proteger”, dijo Ramírez. Insistió en que propietarios de terrenos privados y corporaciones deben sentir que “hay un municipio actuante, que cuida y que protege” los espacios donde se desarrollarán proyectos de vivienda de interés social o de interés prioritario.
En este terreno por plan parcial y el Ministerio de Vivienda, el alcalde aspira a construir y asignar a las comunidades, al menos, 4.000 viviendas para Cúcuta.
En el anillo vial occidental deben evitarse las tomas ilegales y que reinen el caos y la violencia. La administración municipal está dispuesta a respaldara los propietarios para que no haya asentamientos.
Los propietarios se comprometieron a definir los linderos y el gobierno local a proteger las tierras que por vía de incorporación o plan parcial sean utilizadas para vivienda de interés social o interés prioritario.
