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EL TARRA.- La comunidad de la vereda La Motilandia (El Tarra) está acosada por las deudas contraídas con el banco Agrario para desarrollar proyectos agrícolas. Los problemas de orden público hacen imposible el trabajo en el campo y no hay recursos para pagar los compromisos económicos.
Voceros del pueblo indígena ventilaron el problema delante del gobernador Edgar Díaz en procura de soluciones. Como respuesta encontraron la promesa de solicitarle a la gerencia de la entidad bancaria ‘meses muertos’ mientras se da la recuperación.
Para solucionar inconvenientes de seguridad, la Policía y el Ejército fueron encargados de brindarles garantías a los miembros de la comunidad, en especial a las familias dedicadas a la piscicultura y a la avicultura, mayores fuentes de ingreso en El Tarra y La Motilandia.
El Gobernador visitó la zona, el 9 de julio, para presidir el Comité Integral de Atención de Víctimas del Conflicto. En la reunión escuchó inquietudes de los habitantes sobre la situación de orden público y analizó con las autoridades civiles, policiales y militares los hechos violentos ocurridos en los últimos días en El Catatumbo.
Edgar Díaz le pedirá al presidente Juan Manuel Santos que agilice los proyectos del Plan de Consolidación para que no se quede solo en el diagnóstico.
El Comité fue promovido, el 4 de julio, durante el Comité Departamental de Justicia Transicional que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, en Cúcuta. En esa ocasión líderes de El Tarra expusieron razones para solicitar el traslado de la Base Militar de la vereda La Motilandia o la reubicación de las familias vecinas.
A la reunión asistieron el alcalde Jorge Mario Arenas, los comandantes de la Brigada 30, coronel Rodolfo Ibarra, y de la Policía Norte de Santander, Jorge Eliécer Camacho; la secretaria de gobierno Nohora Oliveros Quintero; el director del IDS, Javier Prieto Peña; el secretario de Víctimas, Ronald Conteras; el Defensor del Pueblo de Ocaña, Juan Manuel Reyes; el personero de El Tarra, Luis Alexander Collantes, y el director de la fundación Progresar, Wilfredo Cañizares.
En torno al puente Rojo, se dijo que desde enero el gobierno departamental gestiona en Bogotá la construcción. Existe el compromiso de Ecopetrol, que adelanta los estudios y los diseños, que entregará en octubre. Luego, comenzará el proceso de licitación. La construcción durará entre ocho y nueve meses.
