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CÚCUTA.- Si bien es verdad el dicho que dice ‘cuando el río suena es porque piedras lleva’, desde hace un tiempo están empezándose a notar las deficiencias que trajo Ley 100 al sistema de salud colombiano, y los mayores afectados son los usuarios.
Falta de medicamentos, el paseo de la muerte, servicio pésimo, medicinas o exámenes que no cubre el POS, escándalos en las EPS por ilíquidas, malversación de dineros y cierre de centros asistenciales dejan ver que los recursos de los usuarios son destinados para otros frentes, menos para lo que debería interesar: la salud.
Edio Omar Botello, integrante del sindicato de salud Anthoc, afirmó que “tenemos un sistema mal informado, médicos mal preparados, la IPS no tienen plata, los usuarios estamos en un sistema en el que los programas de promoción y prevención no son efectivos, ciudades como Cúcuta donde la población debe trasladarse a Bucaramanga a consultar especialistas, o hechos como el de Ocaña donde la población debe ser trasladada en ambulancia y por el estado de las vías muchas veces muere por el camino”.
Los casos se ven a diario en clínicas y hospitales del país. Otro asunto preocupante, y que va de la mano, es que la “escasez de los recursos” ha afectado hasta el pago de los empleados en las entidades de la red pública. Este hecho paralizó la prestación de servicios en Norte de Santander.
Ciento cincuenta funcionarios de los hospitales de Puerto Santander, Tibú, El Tarra, Bucarasica y Sardinata se vincularon al cese de actividades por falta de pago del salario de junio y el retraso del retroactivo de este año. Nuevamente, los afectados son los pacientes de los centros asistenciales regionales, con el agravante que la población es rural.
Hay cantidades de demandas y tutelas presentadas por los colombianos por las constantes irregularidades en la prestación del servicio, pero parecen estar en el buzón de sugerencias que nunca es revisado. Por qué esperar hasta que la salud sea un caos para que el gobierno tome medidas drásticas.
Este problema afecta a los colombianos y Norte de Santander es una de las regiones más golpeadas. Los trabajadores hospitalarios afirman que el punto básico de la crisis es la deuda que tienen el Gobierno y las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con los centros de atención.
El presidente de Anthoc en Norte de Santander, Arístides Hernández, dijo que no reciben salario desde abril, sumado a los problemas de hospitales y clínicas en la atención a los usuarios, por dificultades administrativas.
“No es viable la continuidad del trabajo bajo este panorama. Somos mil trabajadores directos y más de 2.000 indirectos que afrontamos dificultades por la operación del sistema de salud, que no avanza, que cada vez se hace más dramático y que tanto trabajadores como usuarios somos víctimas de este régimen que no da garantías para el sector”.
Edio Botello afirmó que “el problema nació cuando todo el mundo quería su tajada, cuando se creó la Ley 100, en la que participamos, puesto que sólo se contemplaron régimen de salud, pensiones y riesgo profesionales, dejando la integralidad del sistema que debería incluir vivienda y educación”.
Luis Alberto Díaz, administrador público con 17 años de experiencia en el sector, aseguró que “el sistema de salud en Colombia es un engendro creado a partir de la copia de sistemas como el de Chile y Cuba, sin tener en cuenta las condiciones culturales, económicas y sociales de cada región del país. Para que la garantía del derecho universal a la salud sea un éxito, se debe entender como un sistema, en el cual todas las partes tienen derecho y deberes. Cada persona tiene la obligación de pedir al Estado la salud y el Estado tiene el deber de garantizar las condiciones mínimas para que la población goce de este derecho”.
Estas no han sido inquietudes expuestas únicamente por usuarios o trabajadores de las EPS, pues las mismas preocupaciones han sido dadas a conocer a las Regionales, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social, entre otros organismos, por alcaldes, personeros y sindicatos municipales.
Entre tanto, hasta que haya unidad por parte del pueblo colombiano en la reclamación de un derecho fundamental y que el Estado como responsable del cuidado de los recursos otorgue garantías y acciones efectivas para que se brinde un servicio óptimo, las EPS continuarán jugando con la salud y el dinero de los afiliados.
