Contraluz.CO Sólo Periodismo
Artículos relacionados
CÚCUTA.- La Fiscalía y el CTI intervinieron a la Secretaría de Hacienda luego de que la Contraloría Municipal encontrara serios indicios de que en ese despacho habría una cadena de corrupción, en los últimos años.
El alcalde Donamaris Ramírez solicitó la investigación para darle trasparencia a la administración, localizar a los funcionarios y descubrir los procesos que han afectado las finanzas del municipio.
La investigación del contralor Carlos Eduardo Coronel ratificó conceptos del pasado, formulados por el Ministerio de Hacienda. Hay dudas sobre deudas de particulares en las que no se encontraron soportes y no están relacionadas. La Fiscalía y el CTI determinarán si debió cumplir con los pagos.
El secretario de hacienda José del Carmen Ortiz dijo que a partir de unas quejas se quieren revisar los 229 acuerdos entre el municipio y algunos acreedores. Si las deudas se ajustan a las normas se eliminará el documento.
En el listado hay personas naturales contratistas, proveedores y entidades descentralizadas. Los acuerdos suman $49.000 millones, de los que el municipio, hasta el 31 de diciembre, pagó $29.000 millones.
“La idea es revisar cada uno para ver si presentan anomalías”, dijo Ortiz. Si hay irregularidades la Alcaldía, la Contraloría y la Secretaría interpondrán las denuncias a que haya lugar.
Los acuerdos corresponden a deudas del municipio con los contratistas y que estaban clasificadas en un renglón. El acreedor dejó pasar las administraciones sin recibir los pagos pertinentes. Al reconocerse la deuda, el municipio debe hacer un arreglo de pago.
Los sistemas en los que se llevan los impuestos predial e industria y comercio presentan fallas. La clave del computador habría sido manipulada para permitir que los contribuyentes “negociaran los pagos”.
Los organismos de control iniciarán, el lunes, la investigación. La Alcaldía contratará una auditoría diaria que reciba y verifique que el pago corresponda al propuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
Nueve abogados, contratados por la administración municipal, verificarán los casos en los que se decidió la prescripción del negocio o la declaración de procesos indebidos “simplemente para que gane el que no paga”.
Respecto a las cuentas bancarias se concluyó que no se ha buscado una conciliación hace 10 años. Este descuido se convierte en otra debilidad fiscal por cuanto no se pudo ejercer un control estricto sobre los pagos. Seis contadores públicos tendrán la responsabilidad de conciliar y evitar el desorden con las entidades crediticias.
Cuanta corrupcion e inoperancia de los entes de control del municipio de esa época en especial la de Maria Eugenia riascos. tantas denuncias y tuvo que cambiarse a los funcionarios de estas entidades para que se empiece a asomar a la luz pública y en derecho lo que todo el mundo sabe y comenta. Investiguen a esta señora y sus secuaces las contrataciones con fundaciones creadas solo para desangrar el municipio en especial en salud y educacion