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CÚCUTA.- Una madre de familia, de las muchas que se beneficiarían con la puesta en marcha del megacolegio El Progreso, en Cúcuta, puso en alerta a la Personería acerca del abandono de la construcción, iniciada a mediados del 2010.
La obra, contemplada como una de las grandes ejecuciones en el mandato de la alcaldesa María Eugenia Riascos, está paralizada desde finales del año pasado y con pocas posibilidades de reiniciarse los trabajos.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por medio de la Subgerencia de Contratación, expidió en noviembre la Resolución 2874 y declaró la caducidad del contrato suscrito el 23 de febrero de 2009 con Javier David Cardozo Corzo, Víctor Hugo Jaime González, Castor Limitada y Seguros Confianza.
Los contratistas no cumplieron con los requisitos de ley para interponer recursos contra la disposición, dejaron pasar el tiempo y al buscar soluciones encontraron otro muro infranqueable y que demorará la continuidad de los trabajos en el megacolegio.
Claudia Beatriz Nieto Mora, Subgerenta de Contratación de Fonade, respondió punto por punto las imputaciones de los afectados con la medida y, el 7 de enero de 2011, expidió la Resolución 86 en la que rechazó el recurso de reposición interpuesto por Castor Ltda., contra la caducidad del contrato.
En el acto determinó no reponer la Resolución 2874 del 2010, confirmar el contenido y notificar al consorcio Los Santanderes, Víctor Hugo Jaime, Javier David Cardozo, Castor Ltda., y la compañía aseguradora Confianza S.A. “Contra la Resolución no procede ningún recurso”, concluyó la funcionaria.
El personero Juan Carlos Bautista, al conocer estos hechos y tras analizar los documentos pertinentes, visitó el megacolegio “para conocer de primera mano cómo está la infraestructura. Sorprendiéndonos por el abandono en el que se encuentra”.
Un celador, armado con una escopeta, cuida con paciencia la estructura que amenaza con quedarse a mitad de camino “generando en el entorno situaciones de peligrosidad incontenible”, le escribió con preocupación Bautista a Nieto Mora.
El plazo inicial de ejecución del proyecto era de 180 días y se prorrogó siete meses y medio, a pesar de lo cual el contratista no cumplió el objeto contractual.
Fonade requirió en varias oportunidades al contratista para lograr el cumplimiento de las obligaciones, pero no respondió. Ahora, el plantel presenta “a primera vista un detrimento en los recursos públicos invertidos”, dijo el personero Bautista en carta dirigida a la Subgerenta de Contrataciones de Fonade, para que informe “la situación en la que se encuentra el nuevo proceso licitatorio”.
El agente del Ministerio Público de Cúcuta dijo que la edificación “cada vez se está viendo más enmontada, el encerramiento no existe, y por obvias razones va a dilatar y a encarecer los costos del reinicio de la construcción”.
La entrega de la obra estaba programada para diciembre. En noviembre, la Personería detectó los inconvenientes con el contratista y en ese momento “evidenciamos que los términos no se iban a cumplir. Nos dirigimos a Fonade para que nos informe” sobre el desarrollo del proyecto y al obtener respuesta, la Personería comunicará a la comunidad.
Fonade es un órgano de carácter nacional, por lo que la Personería carece de competencia para iniciar posibles responsabilidades disciplinarias frente a la demora. Pero haciendo uso de la función de defender los intereses de la sociedad inició la actividad de la mano con la comunidad y partió de la queja que presentó aquella madre de familia que ve comprometido su futuro económico y el porvenir de los niños de esa zona cucuteña.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Fotos: MARIO CAICFEDO
