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CÚCUTA.- Cero y van dos. Este viernes, de nuevo los concejales cucuteños fueron sorprendidos con una noticia que desconocían. Interferias fue vendido ‘a sus espaldas’. La información la entregó el secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge González Dulcey en la sesión de control político a esa dependencia.
El asombro de los miembros de la corporación fue total, como ocurrió días atrás cuando la concejala Blanca Cruz González les comunicó sobre el inicio de la construcción de la Central de Trasportes en la vía a Puerto Santander. La liquidación está a cargo de Alberto González Dávila.
El liquidador es una figura que surge frente a las sociedades cuando están quebradas o no pueden operar. Para el caso de Interferias las dos razones son válidas. En el pasado, la estructura se veía moderna, llamaba la atención y despertaba inquietud por estar adentro. Ahora, pasados los años, la fachada está destruida y el interior acusa deterioro. Los alrededores están enmontados y la curiosidad por mirar hacia la construcción solo lleva a chocar con una imagen deprimente.
Esa es la impresión que causa la otrora sede de Interferias, recinto construido en Cúcuta para hacerlo sede de actividades culturales, conciertos, desfiles, presentaciones de artistas, ferias de cualquier índole y reinados. Ante la carencia de un centro de convenciones en la ciudad ese sería el espacio ideal para programar encuentros que motivaran diversión entre los cucuteños.
La liquidación de la empresa fue autorizada por la Superintendencia de Sociedades, porque estaba quebrada hace años. La sociedad anónima comenzó con $4.900 millones como capital, que representaban 490.000 acciones, a $10.000 cada una. Los socios serían Alcaldía de Cúcuta (174.375 acciones), Proexport Colombia (92.048), Cámara de Comercio de Cúcuta (75.916), Fundación para el Desarrollo del Oriente Colombiano (Fudoc) (50.118 acciones) y socios anónimos (20 por ciento).
González Dulcey fue enterado, meses atrás, de la oferta que había por el lote que tiene la sociedad en inmediaciones del anillo vial. Dos señores de origen llanero, industriales del arroz, querían comprar el terreno de 36.000 metros cuadrados.
A raíz del funcionamiento de Interferias se causaron impuestos a la Dian, por distintos órdenes, superiores a los $800 millones. La institución estatal, con el poder coactivo que tiene, inició el proceso ejecutivo de cobro coactivo. Otros pasivos eran $200 millones por obligaciones laborales, $65 millones por la vigilancia privada, $120 millones a Centrales Eléctricas y $24,8 millones a Proexport.
El Código de Comercio, en el capítulo de sociedades, facultó al liquidador González Dávila para vender el activo. La venta debía hacerse antes del 29 de junio, para evitar la duplicación de los impuestos. La Dian inició el proceso de cobro, embargó el bien y ordenó el avalúo y el remate. El perito avaluó el terreno en $3.560 millones.
La ley estipula que para hacerse un remate debe tomarse el 70 por ciento del valor total. Ahí entró el postor para comprar. Y el liquidador elucubró sobre la manera como se podía vender, si por promesa de venta, si con compraventa con garantía hipotecaria o si con la firma de letras.
González Dulcey, al oponerse al proceso, propuso estudiar la posibilidad, en consenso con la Dian, de hacer un avalúo más generoso. En otra reunión llegaron los compradores con una oferta fundamentada en el 70 por ciento del avalúo hecho por la Dian.
Al hablar de la trasferencia de la propiedad, el liquidador González Dávila planteó hacer una hipoteca. Al final decidió hacer una promesa de venta y así se vendió Interferias. La escritura se hizo en la Notaría 2. Los compradores darían $800 millones al firmarse la compraventa y el resto se pagará entre el 12 y el 15 de diciembre.
En consideración del secretario jurídico Jorge González el bien se subvaloró. El precio real sería de $7.000 millones, por lo que consideró que “el liquidador se equivocó”. Para conseguir los datos que ofreció en el Concejo, el funcionario debió valerse de personas ajenas al proceso, porque “el liquidador me ha tomado del pelo” y no se han reunido.
Los concejales arreciaron las críticas para con Alberto González por la decisión tomada sin tenerlos en cuenta y propusieron llevar a una próxima sesión al Contralor Municipal, al delegado de la Superintendencia de Sociedades en Cúcuta, al liquidador González Dávila y al Procurador Regional.
“Sea que haya sucedido algo anormal o no”, dijo la concejala Blanca Cruz y dejaron constancia de que no sabían del negocio, para ‘curarse en salud’ ante futuras actuaciones de la justicia.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Fotos: MARIO CAICEDO
