C\u00daCUTA.-<\/b> A pesar de las m\u00faltiples denuncias que hemos realizado con respecto a la generalizada pr\u00e1ctica de la extorsi\u00f3n, por parte de bandas criminales que se autodenominan Rastrojos y Urabe\u00f1os, estos contin\u00faan actuando de manera descarada e impune en C\u00facuta.<\/p>\n
Esos grupos no solo extorsionan a comerciantes formales e informales, a trasportadores grandes y peque\u00f1os, a contrabandistas de todo tipo, a narcotraficantes y vendedores de minutos, sino que ahora se han ensa\u00f1ado contra los presidentes de juntas de acci\u00f3n comunal, quienes son obligados a pagar cuotas mensuales de hasta un mill\u00f3n de pesos so pena de tener que abandonar la ciudad o poner en riesgo la vida y la integridad de la familia.<\/p>\n
Esta nueva modalidad extorsiva la efect\u00faa, principalmente, mediante exigencias directas. Hombres armados llegan en moto o veh\u00edculos hasta las residencias o sitios de trabajo, exigen el pago mensual para \u201cayudar a financiar\u201d los supuestos grupos al margen de la ley, y ofrecen como contraprestaci\u00f3n la seguridad en los barrios y la ejecuci\u00f3n de las mal llamadas operaciones de \u2018limpieza social\u2019.<\/p>\n
La anterior situaci\u00f3n es de total conocimiento de las autoridades locales, regionales y nacionales, que poco o nada hacen para detener esta oleada de amenazas e intimidaciones, que han desencadenado la renuncia de l\u00edderes a los cargos directivos y el desplazamiento intraurbano de otros, objeto de las extorsiones, adem\u00e1s de la zozobra, la preocupaci\u00f3n y el temor del sector comunal.<\/p>\n
En lo trascurrido de este a\u00f1o, la fundaci\u00f3n ha conocido alrededor de 40 casos de extorsi\u00f3n ocurridos en diferentes barrios de C\u00facuta y acompa\u00f1a en la solicitud de medidas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n a cerca de una docena de dirigentes comunales, los cuales, a pesar de contar con medidas por parte de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n hace algunos meses, esta dependencia no cumple con los apoyos ofrecidos.<\/p>\n
La deuda de verdad, justicia y reparaci\u00f3n que tienen la justicia regional y el Estado colombiano con la familia comunal se acrecienta, pues se sabe que las investigaciones penales adelantadas por la Fiscal\u00eda Seccional de m\u00e1s de un centenar de l\u00edderes de la sociedad civil asesinados en C\u00facuta durante los \u00faltimos 13 a\u00f1os, de los cuales cerca de 60 eran presidentes de juntas de acci\u00f3n comunal, se encuentran en la impunidad. As\u00ed como el estado de par\u00e1lisis de m\u00e1s de 50 denuncias por amenazas, en los dos \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
No se puede olvidar que unos y otros son responsables de garantizar no solo el ejercicio leg\u00edtimo a la acci\u00f3n comunal, sino tambi\u00e9n de la protecci\u00f3n de la vida e integridad de cada uno de los dirigentes comunales amenazados.<\/p>\n
WILFREDO CA\u00d1IZARES AR\u00c9VALO<\/b><\/p>\n
Director<\/b> fundaci\u00f3n Progresar Norte de Santander<\/b><\/p>\n
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