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CÚCUTA.- Desde el 29 de enero, cuando agentes del CTI y de la Policía irrumpieron en la madrugada en las humildes viviendas, la vida les ha cambiado radicalmente a los familiares de Roque Caballero Caballero, Jair Ramírez Díaz, Yurgen Gabriel Álvarez Gutiérrez y Adolfo García detenidos con fines de extradición y trasladados a la Cárcel de la Picota, en Bogotá.
Los quehaceres diarios y la cotidianidad de una vida marcada por la pobreza, a pesar del esfuerzo y el trabajo duro, han sido cambiados por las reuniones con el Gobernador y el Alcalde, con las marchas de protesta y las ruedas de prensa.
A pesar de la inexperiencia, el instinto y la seguridad de que los familiares son inocentes, los han llevado a tomar la decisión de llegar a todas partes y hablar con todo el mundo con el objetivo de obtener la libertad inmediata.
Este camino los condujo hasta la Fundación Progresar. El director de la organización Wilfredo Cañizares y los familiares de los nortesantandereanos pedidos en extradición, se reunieron para analizar la situación de cada uno de los acusados de lavado de activos y narcotráfico, cosa que no tiene lógica con los estilos de vida, porque son personas que escasamente alcanzan a sobrevivir con un salario mínimo, a excepción de uno de ellos, que a comparación tiene una mejor calidad de vida, pero no es ajeno a esta situación, pues también proviene de un origen humilde en la capital norte santandereana.
Es difícil comprender para familiares y amigos los delitos por los que acusan a cada detenido. Para algunos es la primera vez que deben acudir a un abogado y enfrentar un evento legal, reclaman porque se comete una violación a los derechos humanos e imploran por la libertad inminente.
“La gente del barrio está sorprendida con lo que está pasando, pues don Roque es una persona honorable, de mucho respeto, que realmente lo acusan injustamente. Puedo dar mucha fe de él, siempre dedicado a su negocio y familia, siempre ha visto de su mamá y único hijo. Son personas humildes y de bajos recursos, campesinos que no tienen ni siquiera estudio. Prácticamente crecimos juntos, lo conozco desde siempre y nunca he tenido que decir algo malo de él”, manifestó Aura Susana Flórez vecina en el barrio Atalaya (primera etapa).
Mientras a todos los invade la tristeza, a algunos los domina la incertidumbre. Lorena Espinel, esposa de Adolfo García, tiene una niña de 2 años y un varón de 3. Se siente de brazos cruzados y desamparada. “Con mi esposo siempre hemos vivido del trabajo informal, del rebusque, lo que nos ha permitido responder con todo, pero sola siento que no puedo. Ha pasado casi un mes y todos los días debo pensar en cómo pagar el arriendo y buscar para la comida. Mi esposo me dice que confíe mucho en Dios y que no me desespere”.
Omar José Ramírez Díaz, hermano del comerciante Jair Ramírez Díaz, aclaró que no sabe por qué lo acusan de lavado de activos y narcotráfico. “Ha sido tradición en la familia trabajar en el campo con el ganado y la venta de la carne. Siempre lo vemos como un ejemplo de superación personal. Fuimos criados en el barrio El Contento y gracias a su dedicación y esfuerzo pudo crear su empresa, ayudar a la familia a salir adelante y cumplir el sueño de comprar propia casa. Allí llegaron las autoridades en el conjunto Vegas del Rio y se lo llevaron”.
En busca de otra opción para mejorar la situación económica, Yurgen Gabriel Álvarez Gutiérrez decidió dejar de trabajar en el campo y estudiar en el Sena con el sueño de conseguir trabajo y tener una mayor estabilidad económica para la familia. Pero la alegría alcanzó a durar solo ocho meses. El 29 de enero, a las 4:00 de la mañana, las autoridades llegaron a la casa en el barrio Doña Ceci y se lo llevaron. La esposa Herminda Tarazona Mora quedó atónita. No entendía nada de lo que ocurría y mucho menos del delito del que lo acusaban.
“Mi esposo era la persona que respondía económicamente en el hogar ganándose un salario mínimo. Es un hombre trabajador, responsable en la casa y con los hijos. Nunca, en 7 años que tengo de vivir con él, he visto una cosa de esas de narcotráfico. Siempre había trabajado como obrero en fincas y pues ahorita gracias a un curso que había hecho, le dieron la oportunidad de trabajar en Termotasajero como auxiliar mecánico”, comentó la mujer de manera pausada, como si el dolor que la invadió en ese momento, no la dejara hablar.
Los integrantes de las cuatro familias dicen que jamás habían tenido relación alguna o vínculo con las demás. Se conocieron en el trascurso de tres días, cuando cada una iba a la Sijín a preguntar por los parientes y se dieron cuenta de que no eran los únicos en esa situación. La casualidad se trasformó en un hecho preocupante cuando les informaron que los hombres apresados tenían orden de extradición. Desde entonces no han dejado de trabajar juntos para demostrar la inocencia. Se han convertido en aliados que, angustiados, claman y no pierden la esperanza que cada uno recobre la libertad.
Sólo esperan que esto sea un amargo capítulo. Los casos de detenciones arbitrarias con fines de extradición hacia Estados Unidos son cada vez más comunes. Tanto así que hay organizaciones y movimientos de ciudadanos dedicados a denunciar estos errores y a brindar apoyo a las víctimas y sus familiares. Que en algunos casos han sido devueltos a Colombia después de permanecer muchos años en cárceles americanas.
Un acuerdo bilateral firmado hace más de 30 años, que solo compromete a Colombia, pues no se conoce el primer estadounidense extraditado a nuestro país; como parte de la incapacidad del Estado colombiano para hacerle frente a la persecución del crimen organizado de las drogas, que como lo demuestran decenas de casos de colombianos inocentes detenidos y extraditados cada vez presenta más fallas, más allá de convertirse en una fragante violación a la soberanía nacional.
FUNDACIÓN PROGRESAR
