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CÚCUTA.- En los últimos 28 días, el Área Metropolitana, especialmente Cúcuta, ha sufrido ocho atentados terroristas, uno cada tres días y medio, que han dejado 36 personas afectadas, de las cuales cuatro han fallecido, según versiones oficiales.
Los ataques han sido bien coordinados y efectivos en su propósito de causar daño a los propietarios de locales comerciales y pánico en la ciudadanía. Han utilizado granadas de fragmentación y artefactos caseros. Tres han sido ejecutados a plena luz del día, cuando se supone que el ojo de las autoridades está desplegado. De los seis atentados ocurridos en la ciudad, la mitad ocurrió en sitios de alta concentración social, ubicados en las zonas de mayor control policial: la Central de Abastos, el Centro Comercial Alejandría (San Andresito) y el centro. Es decir, quienes han cometido estos actos de barbarie, cuentan con estructuras de apoyo urbano que logran minimizar el riesgo o son profesionales que entran y salen de cualquier sector de la ciudad fuertemente armados, en vehículos o motocicletas, sin ser detectados por las autoridades.
Para garantizar esta eficacia del ciento por ciento, pues en ninguno de los hechos sucedidos hubo capturas y ninguno de los casos fue detectado a tiempo para detenerlo, parece claro que debieron haber desarrollado previamente una labor de inteligencia que les permitiera dedicar hombres e infraestructura para conseguir las mejores ventajas y obtener el menor riesgo y el mayor daño posible. Para ello debieron determinar con antelación y precisión el objetivo, la mejor hora para cometer el acto terrorista, así como el impacto en las víctimas y en la ciudadanía. Así como también tener un detallado análisis de las condiciones de seguridad de la zona y sus alrededores, de igual forma debieron calcular una posible reacción de las autoridades.
Esta labor y esta nueva modalidad de ejercer violencia en la ciudad, refleja que estos grupos criminales cuentan con hombres, armas y trasporte –motocicletas y vehículos- inteligencia y conocimiento de las operaciones militares, y un elemento que es fundamental en la actuación del terrorismo: la decisión de causar un daño indiscriminado.
Lo anterior representa un elevadísimo riesgo. Aún no entendemos cómo, ante la gravedad de este escenario, las autoridades no hayan tomado medidas extraordinarias de prevención y protección en la ciudad.
Lo peor de todo es que la actitud demencial de estas bandas, la sistematicidad de los ataques, la sevicia y el estado de indefensión de las víctimas permiten interpretar que están dispuestos a cualquier cosa y a pagar cualquier costo por ganar o mantener sus multimillonarios ingresos producto del chantaje y la extorsión, principalmente contra quienes tienen como forma de vida, las actividades ilícitas.
Estos ataques terroristas no tienen antecedentes en la región. No habíamos pasado por tal situación ni en los peores momentos de violencia paramilitar. Esta gravísima situación nos enfrenta en la actualidad a una realidad, que debemos estudiar a profundidad; y es que no se hace frente a unos grupúsculos que luchan entre ellos por malos negocios o repartijas, como algunos han tratado de hacer creer. Este fenómeno criminal es mucho más serio de lo que muchos piensan en el Gobierno. Estamos hablando de un fenómeno que ha venido adquiriendo dimensiones exorbitantes y en la actualidad con claras expresiones de terrorismo urbano.
Esta seguidilla de atentados ha desatado una generalizada sensación de inseguridad y de miedo, sobre todo en los sectores donde han ocurrido, así las autoridades traten de dar explicaciones con perogrulladas en algunos casos y en otros difundiendo la idea de que estos atentados no van a volver a suceder.
Lo que el ciudadano del común no entiende, es cómo un mes después del primer atentado, aún no ha ocurrido una sola captura. Porque aquella alharaca de poner tras las rejas al cerebro de los atentados está por verse.
De grupos delincuenciales a empresas criminales
En estos ocho años estas bandas criminales han demostrado una gran capacidad para reaccionar rápidamente ante el accionar de las autoridades. Estos grupos han vivido diversos procesos de reacomodamiento y readaptación. Cada vez que necesitan agruparse o desagruparse lo han hecho. Un ejemplo claro es cómo – al parecer- actúan en el Área Metropolitana de Cúcuta tres grupos armados ilegales: los Urabeños, los Rastrojos y en una mezcla de cada uno de estos se encuentra el recién creado Ejército Paramilitar de Norte de Santander.
Lo cierto, es que estos grupos que el Gobierno decidió llamar Bandas Criminales, funcionan en la ciudad desde el 2005, con distintas caretas, nombres o franquicias, puestas en funcionamiento semanas después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc, en diciembre del 2004. Estos herederos del paramilitarismo no solo han reproducido métodos criminales como el sicariato y la desaparición forzada de personas, sino que han ampliado las fuentes de financiación pues no dependen exclusivamente de los negocios alrededor del narcotráfico, sino que han generalizado actividades ilegales como la extorsión y el chantaje.
Este fenómeno de violencia urbana en la ciudad no ha parado un solo día, en los últimos ocho años. Al contrario, estas empresas criminales avanzan de manera desproporcionada, en el control de las zonas urbanas y rurales en donde hay presencia de actividades ilícitas. En nuestros estudios y análisis, hemos encontrado que estos grupos participan en alrededor de una veintena de actividades criminales en la frontera: homicidios, desaparición forzada de personas, desplazamiento forzado, actos de terrorismo, extorsión, amenazas, secuestro exprés, operaciones de ‘limpieza social’, lesiones personales, tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, testaferrato, tráfico de moneda extranjera, falsificación de dinero, falsificación de documentos, tráfico de indocumentados, robo de vehículos, piratería de productos diversos, contrabando de bienes y servicios (gasolina, insumos agrícolas, hierro, aluminio, cemento, precursores químicos, plásticos, medicinas, productos de limpieza y productos de la canasta familiar).
Algunos de estos grupos han logrado descentralizar el control de las operaciones criminales y para enfrentar la persecución policial se adecuan de manera permanente desarrollando una gran capacidad de recambio de jefes y tropa, operan aquí y desde la frontera, utilizan cada vez más a menores de edad y últimamente recurren a los explosivos para presionar los pagos a las generalizadas extorsiones.
Además, estos grupos ilegales han desarrollado una especie de poderes territoriales. Fácilmente, se distribuyen regiones enteras del departamento, sin que medien pactos o acuerdos, como ha ocurrido con la provincia de Ocaña, Tibú y algunos municipios del Área Metropolitana. Para el caso de Cúcuta, la distribución se vuelve compleja, pues además de los sectores o comunas en reparto, entran a jugar como objetivos de gran valor sectores económicos que son controlados por unos y otros, o por ambos, encontrándose en constante disputa la Central de Abastos, los sanandresitos, los contrabandistas y el circuito del narcotráfico.
La fractura y los enfrentamientos ocurridos en algunas regiones del país entre Los Rastrojos y Los Urabeños se mantienen en la región. Esta situación caótica, para la delincuencia, ha llevado, por ejemplo, a que miembros de unos y otros decidan conformar nuevos grupos ilegales, como ha ocurrido con las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, las ‘Autodefensas gaitanistas’, las ‘Autodefensas de Norte de Santander’ y desde el 2012 el ‘Ejército Paramilitar del Norte’.
Jugando a que te cazo ratón
Lo anterior debiera llevar a las autoridades policiales y a los organismos de seguridad a pensar seriamente en hacer una revisión a fondo de la estrategia que se utiliza en el Área Metropolitana para combatir a los grupos ilegales.
Entendemos que hay una estrategia de carácter nacional de lucha contra las bacrim, pero no podemos olvidar que la región presenta características particulares, generadas principalmente por la ubicación geoestratégica de frontera. Además, si se enfrenta a un fenómeno cambiante en los métodos y las formas de operar, no se puede cometer el error de aferrarse a una sola estrategia. En estos casos la rigidez y el esquematismo, alejados de la realidad de los hechos criminales, son fácilmente descifrables y previsibles, con el agravante que quien ejerce la autoridad legítima no ha logrado recomponer y recuperar los lazos de confianza ciudadana, perdidos hace algunos años, ante las actuaciones presentadas de connivencia y corrupción en el interior de las instituciones.
Los resultados mostrados hasta ahora, a pesar de la importancia, no han sido suficientes para desmantelar este fenómeno. La realidad de violencia diaria que vive la ciudad así lo demuestra. Conocemos de decenas de operaciones policiales que han arrojado cientos de miembros de estas organizaciones capturados. Así mismo, la ciudad ha logrado avances importantes en el fortalecimiento y la modernización de la fuerza pública. Desde el 2008, cuando se creó la Policía Metropolitana de Cúcuta, se ha aumentado de manera significativa el pie de fuerza.
En ese año la Mecuc, fue presentada como salvación al fenómeno de violencia urbana. Vendieron la idea que con la nueva institución se solucionarían los problemas de inseguridad y violencia. Más tarde, repitieron la historia con la creación de la Regional 5 de la Policía y luego con la Trigésima Brigada del Ejército.
Hoy, se tienen unas instituciones fuertes que cubren la inmensa mayoría del territorio, mejor dotadas y con mayor presupuesto. Nadie puede negar los esfuerzos de inversión de recursos públicos que ha hecho, principalmente, el Gobierno, para ser invertidos en vehículos, motocicletas, comunicaciones, armas y equipos electrónicos para mejorar la inteligencia, además de la asignación reciente por la Fiscalía General de la Nación del equipo de fiscales e investigadores judiciales especializados en la lucha contra las bacrim. Pero de manera contradictoria el fenómeno de criminalidad no solo no cede sino que pareciera contar con más bríos que nunca.
Hay que entender que estos grupos no son organizaciones homogéneas y mucho menos monolíticos, no presentan jerarquías estables y algunas pueden ser coyunturales; no acatan un orden cerrado de mando, los mueven más los intereses delictivos, los negocios y las oportunidades que generan las actividades ilegales de la frontera; algunas actividades criminales como el cobro de vacunas y el sicariato, lo pueden llegar a delegar a terceros. Además, no acostumbran a exponerse o hacerse visibles. En la mayoría de casos, muchos de los hombres no conocen al comandante o ‘patrón’.
Es posible que las dificultades para ser exitosos en la lucha contra este fenómeno radiquen en que se les continúa viendo como estructuras rígidas, con orden jerárquico de mando, estables y con control territorial férreo, con intereses comunes que responden a dinámicas nacionales o supranacionales.
La individualización y judicialización de los jefes de estos grupos ilegales es necesaria e importante, pero como hemos demostrado en este análisis, no es ni ha sido suficiente, pues debe hacer parte de una estrategia integral, que ataque todos los frentes que los sustentan.
Este escenario de violencia y criminalidad viene demostrando, hace rato, que hay agotamiento en la aplicación prioritaria de la estrategia de persecución y neutralización. Así como no es posible que se siga utilizando como el principal indicador para el direccionamiento de las decisiones estratégicas de las autoridades, los homicidios; a pesar de que este es solo un indicador más de las múltiples variables que hay que estudiar.
Es necesario conocer el fenómeno en toda su dimensión, pues nadie ni en el Gobierno y mucho menos en las autoridades regionales, ha contado cómo van a detener el avance silencioso pero firme de actividades ilegales y algunas socialmente aceptadas en la ciudad, como el lavado de activos, el testaferrato, la extorsión, el gran contrabando de la gasolina y la corrupción; actividades que se han convertido en el verdadero combustible de la criminalidad y la violencia.
Las cuatro patas de la mesa
Este análisis no pretende otra cosa que llamar la atención no solo a las autoridades sino también a la ciudadanía de lo que a nuestro parecer ocurre en la ciudad. Esto, producto de la paciente labor que efectuamos al observar diariamente los hechos, de acompañar a las víctimas de esta forma de violencia y de tratar de entender la respuesta del Estado.
Como conclusión, proponemos cuatros escenarios para avanzar en una efectiva estrategia de lucha contra la criminalidad:
1.- Ha quedado claro que a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública, el aumento del pie de fuerza y la asignación de funcionarios judiciales, no hemos logrado avances determinantes, que nos lleven a pensar que está cerca el fin del fin de las bacrim. Ello implica, también, la importancia de continuar el trabajo de individualización y judicialización.
2.- Es necesario atacar el fenómeno en su integralidad. Esto incluye la lucha contra el testaferrato, el lavado de activos y la corrupción de todo tipo.
3.- Es indispensable la recuperación de la confianza ciudadana no sólo en las autoridades policiales sino también en las civiles.
4.- La erradicación de una vez por todas de la pobreza y la miseria en la ciudad.
WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO
Director Ejecutivo – Fundación Progresar
