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SAN CRISTÓBAL – Venezuela.- En la frontera Táchira –Norte de Santander el mayor paso de contrabando es Ureña (41,6 %), seguida por San Antonio (31,3 %); el principal medio utilizado para la entrada ilegal de mercancía a Colombia es el vehículo (80,5 %), después la moto (10,5 %) y luego los peatones (5,0 %). Las cifras están contempladas en el documento seis del Observatorio Social de la Universidad Católica del Táchira, titulado ‘El Táchira en Cifras 2015. El contrabando en las ciudades de frontera desde la perspectiva de la institucionalidad’.
El contrabando se relaciona con otros delitos, según la percepción del 87,6 por ciento de los ciudadanos tenidos en cuenta en el estudio. El 90 por ciento de los habitantes de las ciudades metropolitanas piensan de esa manera, mientras que en las ciudades de la zona de frontera coincide con la apreciación el 86 %.
La burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos. Para el 89,1 % de los encuestados, el paso de las grandes cantidades (más de 12 kilos, unidades, litros) de mercancía de contrabando se da por las relaciones de cooperación entre funcionarios y comerciantes informales. Los porcentajes más altos se reflejan en San Cristóbal (92,9 %) y San Antonio (89,9 %).
Para el 86,5 % del total encuestado el paso de pequeñas cantidades se da por el pago de sobornos, lo que confirma la percepción del 75,7 % que considera que el Estado no actúa de manera eficaz en el control del contrabando. Por posición geográfica, esta percepción se acentúa en las zonas metropolitana, sur y de frontera, específicamente, en San Cristóbal (79,7 %) San Rafael del Piñal (90,4 %) y La Fría (84,8 %).
El problema del contrabando se articula con la corrupción y el rol del Estado, mediante sus órganos, juega papel importante. En ese sentido, para el 45 % de los encuestados el principal responsable del contrabando es el gobierno central. La percepción es mayor para los habitantes de Delicias (66,7 %); Ureña (53,8 %) y La Fría (52,5 %). Para el 35,5 % son la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Colombia las entidades comprometidas.
El 55,1 % del total encuestado considera que la corrupción política es una de las causas del contrabando, unido con el 15,8 % que percibe que existe un abandono de la frontera por parte del Estado. La percepción de corrupción, sobornos, extorsión y tráfico de influencia es elevada y alcanza a casi todas las instituciones públicas venezolanas. Los encuestados consideran, que existe mucha corrupción.
Lo que significa que es imperativo que el Estado, la sociedad, la empresa y demás actores que hacen vida en el país, trabajen en conjunto para disminuir el contrabando. El primer paso es conocer las normas relacionadas con la materia. En ese sentido, se preguntó a los encuestados si en su opinión el Gobierno ha notificado y publicado la información acerca de hallazgos, leyes, decretos, resoluciones relacionadas al contrabando. El 58,4 % respondió negativamente. Es importante conocer las acciones que se aplican por parte del Estado para minimizar la práctica del contrabando, y en ese aspecto el 52,2 % de los encuestados manifestó no conocerlas acciones.
Por zonas geográficas, la ausencia de estos dos aspectos (información y acciones) se visualizan en el norte (66 %) y frontera (63,1 %) ello para la poca información referentes a los y procedimientos en materia de contrabando. Igual sucede para el poco conocimiento de las acciones por parte del Gobierno para la zona norte el 65,3 % no las conoce y para la frontera el 54,1 %.
Cuando se aplicó la encuesta la frontera se encontraba abierta, y desde cuando fue cerrada, el 19 de agosto de 2015, se ha tratado en diversos espacios el tema de contrabando con especial referencia. Pero, lo que ocurre estando la frontera cerrada no es lo normal, un espacio de convivencia donde existe un ciudadano de frontera, donde confluye la vida en aspectos económicos, educativos, laborales, familiares, salud, recreación en ambos territorios nacionales (Táchira y Norte de Santander), se ve afectado negativamente y paralizado, lo que vulnera los derechos de los habitantes de la región.
De allí, que debe volverse a la apertura de la frontera, lo que recoge la vigencia de las percepciones de los encuestados. Para los encuestados, las soluciones para limitar el contrabando serían: 26,3 % el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad organizada, (siendo los habitantes de Ureña quienes más respondieron así 32,3 %), 33,1 % leyes y normas rígidas que sancionen el delito (esta respuesta fue común en los habitantes de Delicias 60 %) y 56,7 % regular la diferenciación cambiaria (solución que 70,1 % de los habitantes de Rubio respaldan).
Para los encuestados, son parte de las causas del contrabando:
1.- Lavado de activos, 12,2 %
2.- Evasión de impuestos, 9,9 %
3.- Restricciones y regulaciones no arancelarias, 2,9 %.
El trabajo en conjunto implica tener confianza entre los actores, de conformidad con la percepción de los encuestados; pero esa confianza no existe según:
1.- En el Gobierno nacional, 86,4 %
2.- En el Gobierno regional, 87,5 %
3.- En el Gobierno municipal, 83,8 %
4.- En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 83,8%
5.- En la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado Táchira, Policía Municipal, 83,8 %
6.- Contraloría General de la República, 84,1 %
7.- En la Defensoría del Pueblo, 82,4%
8.- En la Fiscalía General de la República, 82,7%
9.- En la Asamblea Nacional, 82,7 %
10.- En las cárceles, 82,7 %.
Situación distinta en relación con el sector privado de la economía, en el que existe 59,2 % de confianza. La Iglesia y las organizaciones religiosas tienen 72,9 % de confianza (porcentajes mayores en las ciudades de la zona de montaña). En las ciudades de frontera y las ciudades metropolitanas, la desconfianza en los poderes públicos es aún mayor en relación con la percepción del resto del estado. El 80 % de los habitantes de Delicias no confía en el gobierno nacional. En los gobiernos regional y municipal, los que menos confianza tienen son los habitantes de Ureña (81,5 % – 73,8 %); en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los de Rubio (72,2 %); en la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado Táchira y Policía Municipal, los de San Cristóbal (76,2 %); en la Contraloría General de la República, los de Delicias (80 %), en la Defensoría del Pueblo, los de Rubio (70,1 %), en la Fiscalía General de la República, los de La Fría (59,3 %), en la Asamblea Nacional, los de Delicias (80 %) y en las cárceles, los de San Cristóbal (78,3 %).
Foto: www.tachira.gob.ve
