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CÚCUTA.- “Temo que pueda ser víctima de un crimen de Estado”, expresó el ex negociador de paz de las Farc-EP, Rubén Zamora, y explicó que este miedo se fundamenta en su posición de “crítica abierta y pública contra políticas de este Gobierno que trivializa y burla los acuerdos de paz”.
El ex candidato a la Asamblea de Norte de Santander envió una carta al gobernador Silvano Serrano y al comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Marcos Pinto en la que solicita replantear el tratamiento a comunidades campesinas de El Catatumbo víctimas de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
“Ustedes saben que la población afectada por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en El Catatumbo son familias pobres que sufren el histórico abandono del Estado y que este es el mayor responsable del fortalecimiento de las economías ilegales en el territorio”.
Zamora señalo que los problemas de la zona no se van a resolver por medio de la fuerza, sino removiendo las causas estructurales de la pobreza y el abandono, como lo señala el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
Días atrás, la Segunda División del Ejército reconoció la muerte del campesino Alejandro Carvajal en un hecho que vincula a tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 9 de la Fuerza de Tarea Vulcano.
Los campesinos denunciaron que el Ejército, sistemáticamente, los amenazaba con disparar si no permitían las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
“Este hecho me contagia de dolor e indignación por tratarse de un campesino que nació en medio de los afanes de la violencia paramilitar que con total complicidad del Estado se implementó desde el 29 de mayo 1999”, sostuvo el excandidato a la Asamblea de Norte de Santander.
Alejandro Carvajal, líder de las comunidades campesinas, deja desamparadas a la esposa y a una niña de meses.
Zamora reiteró que las comunidades campesinas han manifestado la voluntad de sustituir los cultivos de coca y que ha sido el Gobierno el que se ha negado a ofrecer formas de desarrollo alternativo que permitan recuperar la economía campesina, familiar y comunitaria.
“Entendemos que las órdenes del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del alto mando militar son las de erradicar los cultivos y que sobre la tropa existe una fuerte exigencia de resultados, empero, es de recordar que las Fuerzas Militares tuvieron que ver con la redacción y aprobación del Acuerdo de Paz y de ningún modo se justifica que ahora sigan replicando luctuosas experiencias del pasado”, indicó.
Dijo que lo que se construye para el bien superior de la paz no se deshace, esa misma razón me mantiene fiel al compromiso con la salida política definitiva al conflicto social y armado.
Rubén Zamora agregó que su confianza en el acuerdo de paz radicaba en que las Fuerzas Militares participaran de principio a fin en la negociación y que honrarían lo que ayudaron a construir y la palabra empeñada. “Hoy, en medio de la creciente pandemia del COVID 19, vemos a unidades militares concentradas con erradicadores maltratando a comunidades campesinas en Meta, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander implementando cosa distinta a lo que rezan los acuerdos de paz”.
Sentenció que esa confianza en la paz está diluyéndose, máxime aún, cuando sigue la cadena de crímenes contra antiguos combatientes de las Farc-EP, ahora en proceso de reincorporación a la vida civil. “Yo mismo temo que pueda ser víctima de un crimen de Estado, sobre todo, porque manifiesto mi crítica abierta y pública contra políticas de este Gobierno que trivializa y burla los acuerdos de paz”.
Le solicitó al gobernador Serrano y al general Pinto Lizarazo ayudar a amainar las tensiones y a propiciar una reunión con el alto gobierno para que se haga efectivo el diálogo con las comunidades campesinas de El Catatumbo para encontrar soluciones distintas a la confrontación y a la erradicación forzada.
“Busquemos una solución razonable en el marco del Decreto 896 del 29 de mayo de 2017, por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS), el que las comunidades acogieron como alternativa constructiva y eficaz para la solución al problema de la producción de cultivos de uso ilícito”.
Concluyó con la petición para que “no dejemos que se desborde la violencia, la gloria es de aquellos que con sapiencia ayudan a despejar caminos plagados de incertidumbre”.
Copias del documento las remitió a Sistema de Naciones Unidas, Embajada de la Unión Europea en Colombia, Comisión de Paz del Congreso de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales.
