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BOGOTÁ.- El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es 4,4 veces superior en la zona rural de El Catatumbo que en Bogotá. Así est´ña contemplado en el informe suministrado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo internacional es garante de la Mesa de Interlocución y Acuerdo de Catatumbo, desde el 2013.
A pesar de que la mayor fuente de ingresos de los habitantes de esa zona de Norte de Santander se centra en el sector agrícola, la infraestructura vial se encuentra en mal estado. El 68 por ciento son vías terciarias, lo que dificulta enormemente la comercialización de la producción agrícola.
La Oficina del Alto Comisionado se ha concentrado en la construcción de Acuerdos entre las partes, facilitar la implementación y verificar el cumplimiento.
El despacho llama la atención sobre la complejidad de la situación de El Catatumbo. El 25 por ciento de Norte de Santander lo constituye El Catatumbo. El 50 por ciento de la población vive fuera de las cabeceras municipales. No todos los campesinos hacen parte de los acuerdos con el Gobierno y mucho menos, todos los campesinos que participaron en el paro, son cultivadores de coca.
Entender las particularidades de El Catatumbo y de los acuerdos permite no estigmatizar con generalidades a los campesinos e implementar medidas efectivas para lograr cambios positivos en la región.
Se han adelantado varios acuerdos entre el Gobierno y un grupo de campesinos en El Catatumbo organizados en Ascamcat, cuyos ejes son el desarrollo rural y la sustitución de cultivos ilícitos.
“Es un hecho que Colombia debe superar dos de sus principales problemas: el cultivo de coca y la discriminación en el acceso a servicios básicos relacionados con los derechos al trabajo, la educación y la salud. En el caso de El Catatumbo, ambas partes han conseguido cooperar de manera creativa para conseguir sus objetivos. Queda mucho por aprender y sin duda hay muchos resultados positivos de este proceso. Considerarlo fallido es irresponsable y desinformado”, dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El acuerdo de El Catatumbo, aunque sólo participa una parte de los campesinos que viven allí, es ejemplo de inclusión social, fundamental para que Colombia logre una paz duradera.
La Oficina alienta a los medios de comunicación a entender el contexto de El Catatumbo y de los acuerdos de 2013, lo mismo que a consultar a todas las fuentes de información involucradas en el proceso, que les permitirán ofrecer información precisa y sin distorsiones políticas.
Los Acuerdos y el estatus de implementación:
1.- Desarrollo rural. En total son 776 familias en dos programas con por lo menos 8802 hectáreas.
– El programa posterradicación (272 familias) de 7290 hectáreas entre Sardinata y Tibú está en fase de implementación. Las familias han cumplido con el compromiso de la sustitución. La estrategia, bajo monitoreo de Undoc, avanza y se han buscado vías de solución conjuntas a contratiempos presentados. La implementación de los distintos componentes la adelantan DPS, Undoc y FAO.
– Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural. Apoyo a la sustitución que beneficia a 504 familias con por lo menos 1512 hectáreas. La implementación ha comenzado, pero el proyecto completo no está implementado. Hay retrasos por causa de ambas partes, pero hay buena fe y se han hehco esfuerzos, lo que evidencia la voluntad de las partes.
2.- Inversión en infraestructura vial. Implementados por el Gobierno y la Gobernación de Norte de Santander. Esta es condición para facilitar la venta de productos agrícolas que serán producidos por aquellos participantes del programa.
Aún no se ha publicado la licitación para los estudios para la reparación del anillo vial de El Catatumbo. Sí se han iniciado las obras de reparación en vías terciarias, para las que la Gobernación ha prestado maquinaria por 18 meses.
3.- Salud. Implementados por el Gobierno y la Gobernación. El compromiso ha sido: mejorar el acceso a servicios de salud básicos en las áreas rurales. No se han registrado avances.
4.- Acueducto y alcantarillado. – Implementados por el Gobierno, la Gobernación y las alcaldías. En estos momentos Fonade visita el terreno para iniciar los estudios de diseño.
5.- Zona de Reserva Campesina. El 5 de marzo se logró el compromiso del Incoder de acompañar la constitución de la zona de reserva campesina y trabajar para la sustracción de la zona de reserva forestal.
– El 27 de marzo de 2014, la Procuraduría solicitó que el Consejo del Incoder se abstuviera de aprobar el proyecto hasta que no se haga la consulta previa al pueblo indígena Barí.
– El 7 de octubre de 2014, Ascamcat presentó una nueva propuesta para valoración del Incoder.
– El 7 y 8 de mayo de 2015, el Incoder admitió haber presentado una solicitud equivocada para la certificación del proyecto al Ministerio del Interior y que se debía iniciar de nuevo el proceso.
6.- Garantías. En el caso de las cinco presuntas detenciones arbitrarias denunciadas por Ascamcat durante el paro de 2013, se encontró que en el 40 por ciento los detenidos fueron absueltos tras juicios de entre 14 y 24 meses de duración. El caso del líder Manuel Cuberos, cuya foto aparece en el organigrama de las Farc, distribuido por el Ejército en la región, sigue sin resolverse a pesar del reconocimiento del Ejército y el Gobierno que no tiene procesos en su contra.
Foto: actionpeace.org
