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BOGOTÁ.- (@DefensoriaCol). El 47,7 % de las vulneraciones de derechos reportadas por periodistas, a partir de la encuesta aplicada por la Defensoría del Pueblo en el país, tiene como responsables a las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común.
El 21,2 % indicó haber sido atacado por líderes políticos, el 13,2 % manifestó sentir atacados sus derechos en el ejercicio de la labor por parte de miembros de las Fuerzas Militares, el 12 % señaló que fue blanco de comentarios hechos por empleados de entidades públicas y el 8 % denunció haber sufrido vulneraciones por su empleador.
De los encuestados, el 36 % manifestó amenazas contra la vida y la integridad; el 37 %, contra los derechos a informar y expresarse; el 17 %, contra la integridad psicológica, moral y el buen nombre; el 10 %, contra los derechos económicos y contractuales.
La intimidación verbal fue el mecanismo más utilizado, dijo el 37,4 % de los encuestados; la amenaza telefónica fue el segundo mecanismo, con el 23 %, y el 21,4 % sostuvo haber sido amenazado mediante las redes sociales.
El estudio da cuenta de un entorno cada vez más hostil para los periodistas y comunicadores sociales, que ven la labor constantemente amenazada. Enfrentan numerosos desafíos que ponen en riesgo la integridad, los derechos laborales y la calidad de la información que brindan al público.
Los victimarios buscan silenciarlos y restringir la libertad de prensa, razón por la que la Defensoría del Pueblo insta a los grupos armados al margen de la ley y a todo aquel que quiera bloquear el trabajo de los periodistas a respetar los derechos humanos, el derecho a informar, a no censurarlos, a no obligarlos a la autocensura, pues el trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
El respeto a los periodistas es compromiso de todos
Adicionalmente, los actores con responsabilidades políticas y la ciudadanía en general, incluidos los generadores de opinión, deben respetar el libre ejercicio de la prensa —medios de comunicación tradicionales, nacionales, regionales, locales, no tradicionales, comunitarios, digitales, en todos sus formatos— y a quienes forman parte de ella desde su rol como comunicadores. Es preciso respetarlos y promover su protección.
Cualquier manera de violencia, intimidación o represalia contra quienes ejercen el periodismo, incluidos aquellos que hacen parte de ONG u organizaciones sociales encaminadas a proteger la libertad de expresión, debe ser erradicada por completo, sobre todo en una nación como Colombia, donde cada día la exacerbación de la polarización ha convertido las redes sociales en auténticos campos de batalla, en ‘buenos’ y ‘malos’ por el hecho de informar u opinar. Los entornos digitales deben ser espacios de debate respetuoso y constructivo, no plataformas para la violencia verbal y las amenazas.
Fomentar un ambiente de respeto y tolerancia desde los tuits, los hilos, los atriles, los micrófonos y los discursos hacia la libertad de información es otro de los llamados de la Defensoría desde su Delegada para la Protección de los Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.
