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Un aspecto de relevancia en el fenómeno de la desaparición forzada, además de la victimización y los traumas infringidos sobre las familias, entornos comunitarios y la red social de la que fuesen parte las víctimas, son las acciones políticas, sociales, jurídicas y culturales desarrolladas particularmente por los familiares y colectivos conformados por estos, así como de otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
En Norte de Santander, las nuevas lógicas de desaparición forzada hacen difícil su incorporación en las tramas normativas e institucionales de la justicia transicional, pues sus características no se incorporan con la génesis de la desaparición asociada con las dictaduras y guerra sucia (Robledo, 2016). Es así como las familias en un contexto como el de esta frontera colombiana, han tenido que acudir a escenarios no gubernamentales en los que encuentran un mayor respaldo en sus procesos de búsqueda, verdad y justicia, que el que pueden recibir por parte de la institucionalidad.
Una de estas búsquedas de articulación con aliados se localiza en la Organización Progresar de Cúcuta, la cual lleva 27 años de trabajo en la región documentando casos de desaparición forzada, particularmente desde la práctica de desaparición transfronteriza, así como de otros hechos victimizantes. Desde dicha organización, además del registro de los casos, también se busca la denuncia pública del fenómeno de desaparición forzada, con acciones como los plantones en edificios de instituciones responsables de la búsqueda e investigación.
Una de las acciones de memoria realizadas fue la galería de Rostros de la desaparición, que recurre al uso de las fotografías familiares para narrar las historias de los desaparecidos y darles un reconocimiento público. Este recurso es frecuente en las organizaciones de familiares de desaparecidos. Su potencia radica en la posibilidad de empatía pública y el llamado a la solidaridad y la acción. Situación que es difícil de trazar en Norte de Santander pues estas imágenes (fotografías, plantones, galerías) se presentan como imágenes intolerables, que se rechazan al negarse por el espectador cualquier tipo de responsabilidad directa, indirecta o posibles acciones consecuentes con esas imágenes/memoria que pretenden la denuncia (Rancière, 2009).
Cabe la hipótesis, en todo caso, de que el uso de los registros, performances, galerías, fotografías, etc., consoliden escenarios políticos y sociales y constituya la base de procesos de posmemoria, vinculada a futuras generaciones que vindiquen los hechos de desaparición como tragedia consumada. En el entretanto, la memoria como un referente sobre los acontecimientos de la desaparición permanece vinculado más a otros mecanismos de denuncia y a una exigencia de justicia.
SANDRA MILENA PÁEZ MEZA
