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CÚCUTA.- La fundación Progresar Cúcuta denunció graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos y actos atroces en el sector rural de Cúcuta y Puerto Santander. Los hechos han ocurrido, principalmente, en los corregimientos Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara, Guaramito, Puerto Villamizar y San Faustino.
Ante esta situación, Wilfredo Cañizares Arévalo, director ejecutivo, de la ONG, denunció que las comunidades están afectadas en los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad. Como consecuencia “emitimos la siguiente Acción Urgente”:
1.- A raíz de las operaciones militares del 15 febrero, por las autoridades venezolanas en Boca de Grita y Orope, fue desalojado el grupo paramilitar de los Rastrojos, que trasladó sus actuaciones a los sectores rurales de Cúcuta y Puerto Santander.
2.- Que ese grupo paramilitar ha sido denunciado por Progresar de manera reiterada en los últimos años.
3.- Que en los últimos meses se han asentado en las veredas Puerto León, Asentamiento Pacolandia, El 25, Banco de Arena, La Punta, Totumito, Caño Medio, Nueva Victoria, Vigilancia, Miraflores (sector El Infierno), las veredas km 52, La Javilla, Cámbulos, Bellavista, El Núcleo, Matecaña, Paso de los Ríos, La Fundera, La China, Santa Cecilia, El Porvenir, La Sabana, La Jarra, Alto Viento, Asentamiento La Cochinilla, Nueva Frontera, San Joaquín, Caño Mono, Berlín, Campo Alegre, Guaramito bajo y alto, Minuto de Dios, El Encanto, Fundación, Llano Seco, La Tigra, El Descanso parte alta, Las Blanquitas, El Arrayán, Los Negros, El Amparo, 5 de Mayo, Palmarito, Monteverde, El Suspiro, La Hortencia, Agualasal, El Dave, El Diamante y Brisas del Pamplonita.
4.- Que en estos territorios han cometido violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, desplazamientos individuales y colectivos, confinamiento de comunidades, como las ocurridas en la vereda Vigilancia (Cúcuta), homicidios selectivos, reclutamiento forzado en jóvenes colombianos y migrantes venezolanos, amenazas contra comunidades, organizaciones locales y líderes sociales. Han cometido despojos de bienes materiales, enseres, viviendas y tierras. Han instalado retenes ilegales en las vías principales, trochas o pasos ilegales de contrabando desde Venezuela y sobre los ríos Zulia y Grita, imponiendo restricciones a la movilidad y exigiendo el pago de cuotas por el tránsito. Han masificado el cobro de cuotas extorsivas a propietarios de fincas, parcelas y comercientas formales e informales en general.
5.- Que el 4 de julio, cometieron una masacre luego de detener en un retén ilegal, que funciona hace seis meses a la altura Pacolandia, a 40 minutos de Cúcuta, los jóvenes Jorge Sánchez Pacheco, Juan Andrés Sánchez Pacheco, a Joimar David Lindarte Rodríguez y Yadira Herrera Aguilar.
6.- Ante la gravedad de estos hechos, hacemos un llamado urgente al Gobierno, especialmente a la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos; a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para que en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales se tomen de manera inmediata medidas efectivas que protejan y salvaguarden los derechos fundamentales de estas comunidades.
