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CÚCUTA.- Cuatrocientas familias víctimas de la erradicación de los cultivos de coca, en la zona de El Catatumbo, recibirán $ 8800 millones. A cada núcleo les corresponderán $ 22 millones, según los acuerdos a los que llegaron funcionarios del Gobierno y líderes campesinos para superar la crisis que afecta a la región.
Los componentes que hacen parte del acuerdo son:
1.- Reconocimiento económico por la afectación
2.- Implementación de un programa de seguridad alimentaria con huertas y especies menores
3.- Empleo temporal por ocho meses con un salario mínimo previsto por el Gobierno
4.- Proyectos productivos y mercados por seis meses.
Los beneficiarios serán acogidos en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que será el siguiente punto que tratarán en la mesa de negociaciones.
Los voceros campesinos propusieron un acuerdo de una primera fase del programa para la vigencia del 2014, por $ 104.000 millones. “Estamos proponiendo que este modelo que se acordó para las familias erradicadas sea el modelo de seguridad alimentaria y de sostenimiento económico en los dos años mientras se da la transición al nuevo cultivo,” dijo César Jerez, vocero de Ascamcat.
Este fin de semana se llevará a cabo en El Tarra la asamblea regional de cocaleros. En la reunión se legitimará la propuesta de sustitución de cultivos y el plan piloto de paz para El Catatumbo, que es la figura con la que se busca que los acuerdos queden incluidos.
El documento lo firmaron el director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, y la vocera de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Olga Lucía Quintero.
El gobernador Edgar Díaz dijo que “me parece importante llegar a esos primeros acuerdos, en los que existen unos temas trascendentales correspondientes a los proyectos productivos, empleos rurales y seguridad alimentaria, donde se han dado resultados que servirán de referente para el país”.
