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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. Recorte presupuestal limita atención a población vulnerable

CÚCUTA.- Limitaciones presupuestales en el recaudo nacional serían las causales de la reducción de la cobertura para la Fase III del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado. El PAPSIVI  benefició a 23 municipios de Norte de Santander durante la primera y segunda fases, cumplidas en el 2014.

El Grupo de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social informó la situación mediante el comunicado “Orientaciones para el proceso de atención psicosocial PAPSIVI – 2015”.

El recorte limita a Cúcuta, Ocaña, San Calixto y Convención la continuidad de las atenciones a las víctimas del conflicto armado en los componentes psicosocial (individual, familiar y comunitario) y salud integral (que se brinda mediante el Sistema General de Seguridad Social en Salud) basado en enfoques de derechos, diferencial y de género.

La región, históricamente, ha tenido asentamiento de los grupos armados al margen de la ley Farc, Eln, paramilitares y Bacrim. Las acciones producen como secuelas víctimas que se encuentran en la totalidad de municipios del departamento. Especialmente, están radicados en Ocaña, Zona de El Catatumbo, Área Metropolitana de Cúcuta, Toledo, Chitagá y Pamplona. A estos se suma el desplazamiento de los colombianos deportados desde Venezuela en los últimos meses.

“No encontramos de ninguna manera coherente con esta realidad los recortes presupuestales y de cobertura en la continuidad del programa PAPSIVI”, señaló el director del Instituto Departamental de Salud, Javier Prieto.  Los recortes a los que se sometió el departamento son del 86 por ciento.

“Es imperativo que antes de emitir la Resolución de asignación de recursos y sus respectivos lineamientos, se reconsidere lo planteado en atención a que el departamento debe dar respuesta a las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de tierras y la Ley Estatutaria de Salud”, asegura en el oficio, acompañado de un informe técnico que referencia la población identificada en los municipios priorizados para la región.

Entre las disposiciones que deben ser atendidas se encuentran:

1.- La Ley Estatutaria 1751 de febrero de 2015, artículo 11, la cual indica que no debe haber restricción económica para brindarles atención a las poblaciones vulnerables

2.- La sentencia en favor de las víctimas de Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, en Tibú, El Tarra y Ocaña.

3.- la sentencia que reconoce las víctimas de Javier Antonio Quintero Coronel y  José Lenein Molano, en Ocaña.

4.- Sentencia previa en primera y segunda instancia de Jesús Noradlo Basto y Armando Madriaga que reconoce víctimas en Cúcuta, Ocaña y Pamplona

5.- Las sentencias remitidas por la Unidad de Atención a Víctimas

6.- Las solicitudes de las Mesas municipales y departamental de participación.

Las metas establecidas por el PAPSIVI, desde la Fase I, establecieron la necesidad de atender en el territorio 2360 víctimas, 451 familias y 75 comunidades identificadas en 23 municipios y 9 corregimientos. Para cumplir con lo previsto se contaba con 11 equipos psicosociales conformados por dos psicólogos, un profesional social, un profesional de la salud y un promotor psicosocial.

Los nuevos lineamientos solo garantizarían cuatro equipos y se reducirían los integrantes a cuatro para la atención de 1482 víctimas, en cuatro municipios priorizados en la tercera fase.

Foto:

Sobre Rafael Antonio Pabón

Nací en Arboledas (Norte de Santander - Colombia), educado y formado como periodista en la Universidad de la Sabana (Bogotá), gustoso de leer crónicas y amante de escribir este género periodístico, docente en la Universidad de Pamplona (Colombia) y seguidor incansable del Cúcuta Deportivo.

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