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CÚCUTA.- Las permanentes remisiones que los jueces hacen a la Procuraduría Regional de incidentes de desacatos contra gerentes de las EPS con asiento en la ciudad y el departamento, y las denuncias sobre la pésima prestación del servicio de salud a los afiliados llevaron al titular del despacho judicial, en condición de representante de la sociedad civil, a iniciar denuncias penales para que sea esta jurisdicción la que conmine a la prestación del servicio.
De conformidad con el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del artículo 454 del Código Penal: “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Ante la impotencia que genera en el ministerio público la imposibilidad de aplicar sanciones de índole disciplinaria a los trabajadores de las EPS, por ser particulares y no funcionarios, motivó a que se iniciara en el despacho regional la redacción de las denuncias respectivas.
Aunque este problema data de meses atrás, la crisis en el sector se ha agudizado en el departamento justo cuando los afiliados al régimen contributivo en la EPS Saludcoop fueron trasladados a la EPS Cafesalud.
Las IPS que tenían contratos para atender a esta población han suspendido la prestación de servicios a los afiliados, porque han acumulado sumas millonarias que hacen intolerable la morosidad adquirida. Uno de los casos que ha escandalizado a los pacientes es la negación de estos servicios en la clínica Medical Duarte.
Las citas médicas solicitadas por afiliados son programadas 30 y hasta 60 días después. Esa situación ha agotado la paciencia de los usuarios que requieren atención inmediata ante médicos generales o especialistas.
“Esperamos que la indolencia de los representantes de las EPS en la ciudad ante la demanda permanente de los usuarios de una mejora en la prestación del servicio, disminuya ante la inminencia de que su actuar pueda ser considerado como comportamiento delictivo, que genere las responsabilidades penales que el ordenamiento jurídico ha establecido; y de eta forma coadyuvar a la mejora en la prestación del servicio”, dijo el procurador regional Juan Carlos Bautista.
Foto: www.larazon.co
