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Las operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos ejecutadas por el Ministerio de Defensa en zonas donde se han firmado, o se están considerando, acuerdos de sustitución voluntaria desencadenaron protestas y confrontaciones. / Foto: Caracol Radio

INFORME DE LA ONU. Débil presencia estatal en antiguas zonas de influencia de las Farc-EP

Grupos del crimen organizado (nacional y transnacional), numerosos grupos criminales locales, grupos que surgieron debido a las fallas en el proceso de reintegración de las Farc-EP y grupos armados organizados, como el Eln y el Epl, se aprovechan de la débil presencia estatal en las antiguas zonas de influencia de las Farc-EP.

La competencia por el control de las economías ilícitas se refleja en el aumento en las tasas de homicidios en varias regiones, incluyendo las declaradas como Zomac. En El Carmen (Norte de Santander), el número de homicidios registrados por la Policía, en 2017 mostró un incremento de 916 por ciento, respecto al número registrado en 2016.

Quienes viven en las zonas de economías ilícitas sufren de diferentes tipos de violencia, lo cual ha hecho que algunos civiles busquen apoyo de los grupos ilegales como medida de protección.

Las cifras y los datos aparecen en el ‘Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia’.

En el capítulo tercero, correspondiente a ‘El desafío rural y otros factores estructurales que afectan la situación de derechos humanos’,  la OACNUDH observó el reto de resolver los problemas interconectados y multimensionales en comunidades rurales de Norte de Santander, donde se sustituyeron los cultivos ilícitos por unos legales.

Las comunidades expresaron preocupación por la falta de asistencia efectiva para comercializar los nuevos productos. La OACNUDH alentó a tomar acciones que pudieran conducir al acceso a mercados de las comunidades rurales en Norte de Santander. “El Estado, la comunidad internacional y el sector privado deben fomentar relaciones comerciales directas y justas entre las comunidades rurales y los consumidores con el fin de mejorar su nivel de vida y evitar el retorno a la economía ilegal.

El documento señala que la presencia efectiva e integral del Estado en zonas rurales es fundamental para garantizar la seguridad, la justicia, el empoderamiento de líderes y autoridades y para estimular el desarrollo económico. “Si bien se han formulado planes y adoptado leyes para garantizar una mayor presencia estatal, el despliegue de servicios estatales apenas se ha iniciado”.

La presencia del Estado únicamente por medio de las fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. “La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.

Una solución sostenible a los cultivos ilícitos requiere cambios estructurales que permitan que los campesinos se puedan integrar plenamente a la economía legal en el largo plazo. “Las disposiciones del Acuerdo en materia de sustitución de cultivos ilícitos y reforma rural ofrecen una oportunidad histórica a miles de campesinos que desean sustituir sus cultivos ilícitos”.

El Estado y la comunidad internacional deben apoyar los esfuerzos de sustitución y no socavarlos mediante la erradicación forzada, esto con el fin de maximizar esta oportunidad histórica para los más de 100.000 cultivadores de coca que han manifestado interés en la sustitución.

“Hasta el momento, el Estado y los donantes han utilizado como meta la cantidad de coca erradicada, cuando en realidad se necesitan indicadores que, basados en derechos y en el Acuerdo, permitan medir el éxito de la sustitución”.

Las operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos ejecutadas por el Ministerio de Defensa en zonas donde se han firmado, o se están considerando, acuerdos de sustitución voluntaria desencadenaron protestas y confrontaciones. En muchos casos la OACNUDH intervino para evitar una escalada de la violencia.

La presencia de grupos ilegales que amenazan, secuestran y asesinan a personas que apoyan la sustitución (activistas locales, funcionarios de gobierno, empleados de organizaciones internacionales), junto con los mensajes contradictorios que se generan cuando las comunidades interesadas en la sustitución han sido obligadas a erradicar, ha empujado a algunas comunidades hacia la esfera de influencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas.

La OACNUDH adelantó esfuerzos para empoderar las estructuras comunitarias de gobernabilidad local, como las Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y afrocolombianas, la participación de mujeres en las zonas rurales, con el fin de fortalecer su capacidad de exigibilidad de sus derechos.

La OACNUDH, también, ha trabajado para fomentar relaciones más cercanas entre estas entidades y las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Este empoderamiento es crucial para apoyar el establecimiento de una presencia efectiva e integral del Estado en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP.

 

Sobre Rafael Antonio Pabón

Rafael Antonio Pabón
Nací en Arboledas (Norte de Santander - Colombia), educado y formado como periodista en la Universidad de la Sabana (Bogotá), gustoso de leer crónicas y amante de escribir este género periodístico, docente en la Universidad de Pamplona (Colombia) y seguidor incansable del Cúcuta Deportivo.

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